Más de dos meses han pasado desde que las víctimas de desplazamiento forzado en Chiapas iniciaron una batalla jurídica contra la normalización del Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en México. En un contexto donde se esperaría un avance hacia una mayor justicia social, nos encontramos con un gobierno autodenominado "Cuarta Transformación" que, según las víctimas, continúa perpetuando prácticas impregnadas de impunidad heredadas de administraciones anteriores.
En un comunicado emitido por los afectados, denuncian que las autoridades actuales, señaladas en el juicio de amparo, han negado cualquier responsabilidad en los hechos que ocurrieron durante la administración priista. Aseguran que el pacto de impunidad persiste y que la lucha por la justicia se encuentra en una encrucijada.
El recuerdo del año 1997, marcado por la violencia, desplazamientos forzados y la trágica masacre de Acteal, sigue presente en la memoria de quienes buscan justicia en Chiapas. Alegan que la lógica de la asamblea paramilitar-priista de aquel entonces ha dejado secuelas que perduran hasta el día de hoy, perpetuándose en el accionar actual del gobierno.
Las recientes acciones de hostigamiento contra representantes de la comunidad "Las Abejas" han encendido las alarmas. El presidente municipal de Chenalhó, Abraham Cruz Gómez, es acusado de coaccionar a un representante comunitario para firmar un documento contra su voluntad. Este documento buscaba hacerlo desistir de una supuesta demanda presentada contra el personal médico local, a quienes acusaban de negar atención médica.
En otra situación, Juan Jiménez Rodríguez, participante en un juicio de amparo, enfrenta amenazas y presiones. Las autoridades de Chenalhó lo citaron, y la asamblea comunitaria lo intimidó para que retractara acusaciones contra el personal médico y abandonara el proceso judicial.
Ante estos hechos, surge la pregunta crucial: ¿Por qué se intenta socavar la lucha de las víctimas si no hay responsabilidad del gobierno mexicano en los eventos de 1997? Las víctimas demandan justicia y ven en estas acciones un intento de debilitar su lucha.
En este contexto, el juez federal encargado del juicio de amparo, Sandino Rivera Espinosa, explicó que este lubes se acudio con dos peritas en materia socio antropológica para rectificar un dictamen pericial ofrecido como prueba, en donde el viernes 24 de noviembre presentó el amparo pericial.
Asimismo, este lunes 04 de diciembre se presentaron las peritas, la Dra. Ericka Liliana López López y la Dra. May-ec Querales Mendoza para rectificar el dictamen, Rivera Espinosa, dijo que esta prueba era de suma importancia exponiendo los daños que han sufrido las comunidades y que en la actualidad continúan apareciendo.
López López, una de las peritas mencionó que el objetivo de la ratificación fue cuales fueron los daños ocasionados que sufrieron las familias desplazadas de la sociedad civil "Las Abejas", producto del conflicto armado, así también Querales Mendoza, explicó que se trabajó con integrantes de las 12 comunidades, debido al tiempo que sucedieron las cosas (hace 26 años) tuvieron que coadyuvar en la reconstrucción de la memoria, recapitulando todo el proceso que sufrieron desde mayo de 1997 hasta el día de la masacre el 22 de diciembre del mismo año.
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En un llamado urgente, las víctimas exigen al Gobierno del Estado de Chiapas que cese la presión y hostigamiento contra las comunidades que buscan justicia a través de este amparo. Solicitan al Juez Quinto de Distrito de Amparo en el Estado de Chiapas que tome en consideración los hostigamientos orquestados desde el gobierno contra sus integrantes y representantes.
En este momento crucial, donde el sistema judicial tiene la responsabilidad de salvaguardar la justicia y los derechos humanos, las víctimas esperan que el proceso judicial no se vea contaminado por prácticas que buscan socavar la verdad y la justicia. La sentencia resultante de este juicio podría marcar la historia de la lucha contra la impunidad en casos de desplazamiento forzado interno.
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