San Cristóbal de las Casas.- Luego de los ataques armados registrado recientemente en el municipio de Oxchuc, Defensores de Derechos Humanos de niñas, niños y adolescentes, en un comunicado urgió protección a los infantes en el municipio, ya que corren peligro de un desplazamiento forzado.
Lo anterior, la Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas (REDIAS) exigió al Estado velar y garantizar la integridad de niñas, niños y adolescentes en sus comunidades de origen, así también de toda la población ante el aumento de uso de armas de fuego en Chiapas.
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Indicó que el pasado 25 de octubre se registró un ataque armado posterior a la asamblea convocada por el Concejo Municipal de Oxchuc. Como resultado de lo anterior, se contabilizaron personas lesionadas, entre ellas, un niño de entre 2 y 4 años con heridas de bala.
El organismo expresó su preocupación por el uso de armas de fuego para dirimir conflictos; práctica que se está tornando cotidiana en los Altos de Chiapas y que tiene graves impactos en la vida de niñas, niños y adolescentes.
“De acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de enero a septiembre del 2022, se han registrado en el estado 7 muertes de población infantil y adolescente por armas de fuego. Adicionalmente, durante este año 2 niñas, niños y adolescentes han sido lesionados por armas de fuego durante conflictos en el estado, esta situación se agrava en comunidades de los Altos de Chiapas. Como botón de muestra, durante los primeros 9 meses del 2022, se han registrado 1,996 ataques armados a comunidades de Aldama, lo que equivale a más de 100 agresiones armadas por mes”, señaló.
Y que recientemente, a finales de septiembre e inicios de octubre también se registraron ataques en Santa Martha, municipio de Chenalhó, donde perdieron la vida al menos tres adolescentes de 12, 14 y 16 años de acuerdo a la documentación de la organización Melel Xojobal.
Lo anterior, ha trastocado la vida de niñas, niños y adolescentes en la región afectando su derecho a la protección, al desarrollo integral, a la educación, alimentación y salud, entre otros, por lo que urgieron una exhaustiva investigación de los hechos ocurridos en Oxchuc y Santa Martha Chenalhó, así como el desarme de personas y grupos que violentan el derecho de las infancias a vivir en paz.