A 11 días de la retención de los agentes de la policía estatal preventiva (PEP), un juez federal ordena a las autoridades de la comunidad Frontera Corozal municipio de Ocosingo, lugar donde permanecen privados de la libertad a los agentes, o en su caso ponerlo a disposición al agente del ministerio público, para que esta instancia investigue el caso.
Lo anterior, en un documento, el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el estado de Chiapas ordenó a las autoridades de la comunidad de Frontera Corozal, municipio de Ocosingo, liberar a ocho policías estatales retenidos desde el pasado 12 de octubre o ponerlos a disposición de un agente del Ministerio Público.
El amparo fue promovido ante el juez federal en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez por Jorge Marcelo Cruz Sánchez, en favor de su hermano Ramón Cruz Sánchez y 7 más, privados de la liberad por autoridades y habitantes del poblado Frontera Corozal.
El amparo va contra de actos del comisariado ejidal de Frontera Corozal; del agente auxiliar municipal; del consejo de vigilancia y de la comandancia de la policía rural de esa localidad situada en la selva Lacandona.
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“Se ordena formar el expediente correspondiente y registrar bajo el número de juicio de amparo 1671/2023-4-B, por lo tanto, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 126, en relación con el diverso 15, ambos de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de plano en favor de Ramón Sánchez y otros para los siguientes efectos: Si la detención del quejoso fue ejecutada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Publico, en relación a la comisión de un delito, la suspensión se concede para el efecto de que cese la detención, esto es ponerlo en libertad o a disposición del Ministerio Publico; en caso contrario, es decir si la detención no tiene relación con la comisión de un delito, la suspensión tendrá por efecto que sean puestos en inmediata libertad”, cita el amparo.
Finalmente, los ocho agentes estatales permanecen retenidos desde el pasado 12 de este mes por habitantes de Frontera Corozal, para exigir a las autoridades federales y estatales el envío de fuerzas de seguridad para combatir a organizaciones del crimen organizado y que detengan a sus líderes que, asesinan, extorsionan y cobran derecho de piso.