San Cristóbal de Las Casas.- Integrantes del comité “Hermanas González”, así como varias organizaciones de la sociedad civil, pertenecientes al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), tomaron y clausuraron simbólicamente las instalaciones de la Guarnición Militar de esta ciudad, para denunciar la falta de justicia en un caso de violación a los derechos humanos de 4 mujeres en 1994.
“Ana, Beatriz y Celia González Pérez y su madre, Delia Pérez, indígenas tseltales fueron detenidas por militares, las 3 hermanas fueron golpeadas, torturadas y violadas por los militares quienes obligaron a la madre a presenciar las agresiones”, dijo Gloria Guadalupe Ruiz, integrante del Comité Hermanas González.
Durante un mitin en las afueras, indicaron que justo hace 25 años mujeres indígenas tseltales de Altamirano fueron detenidas arbitrariamente por elementos del Ejército Mexicano y hasta el día de hoy nadie ha sido sancionado y castigado por los delitos de abuso sexual y tortura, entre otras violaciones de los derechos humanos.
Acompañados del sacerdote Marcelo Pérez Pérez, agregó que, con el apoyo de organizaciones sociales, las hermanas y su madre denunciaron el 30 de junio de 1994, la violencia vivida ante la entonces Procuraduría General de la República, quien cedió competencia y trasladó la investigación a la Procuraduría de Justicia Militar en septiembre de 1994, donde se archivó el caso según por falta de interés de las víctimas.
Pidió al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, atienda con prontitud la demanda de justicia de 4 mujeres y cumpla en representación del Estado Mexicano con: investigación y castigo a los militares responsables de las violaciones y torturas, realizar un reconocimiento público de responsabilidad y reparación integral del daño causado.
El 16 de enero de 1996 las hermanas González Pérez con el acompañamiento de organizaciones no gubernamentales interpusieron una denuncia en contra del Estado Mexicano, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la que otorgó el número 11 mil 565 al caso.
A pesar de que la CIDH recomendó al Estado Mexicano investigar este delito, nada se ha hecho y no hay ningún responsable hasta la fecha, por lo que demandan al actual presidente realizar algo al respecto, para determinar la responsabilidad y sanción de todos los actores de las violaciones de derechos humanos de las víctimas en mención
