Este tranquilo poblado, ubicado en la ribera del Río Usumacinta, en la frontera entre México y Guatemala, ha sido durante décadas un punto de tránsito para migrantes que buscan ingresar al territorio nacional en su ruta hacia los Estados Unidos en busca del "Sueño americano". Sin embargo, a pesar de su importancia geográfica y su riqueza arqueológica, la pobreza sigue siendo un problema que afecta a sus poco más de 6,750 habitantes.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) ha informado que a nivel nacional, los municipios y comunidades con mayor población indígena en situación de pobreza se encuentran en los estados de Chiapas, Hidalgo, Puebla, Quintana Roo y Yucatán, y que el 58.87 por ciento de esta población se concentra en localidades chiapanecas, incluyendo Frontera Corozal.
Sin embargo, además de la pobreza, la comunidad ha tenido que enfrentar recientemente un problema adicional: la creciente tensión generada por hechos violentos en comunidades cercanas y municipios aledaños, atribuidos a la presencia de grupos armados y del crimen organizado en la región.
Los pobladores han informado que la zona lacandona, en la que se encuentra Frontera Corozal, ha sido un área de riesgo durante muchos años debido a la presencia de grupos criminales que han encontrado refugio en la inmensidad de la selva para llevar a cabo sus actividades ilegales. Incluso el Ejército Mexicano ha reportado que el crucero conocido como San Javier, ubicado en la carretera Palenque-Trinitaria, es un punto estratégico para el tráfico de drogas y la movilización de grupos criminales.
A pesar de los llamados de auxilio de la población, las autoridades no han intervenido en la región, lo que ha mantenido a los habitantes de Frontera Corozal en un estado constante de ansiedad. Esta situación ha llevado a los pobladores a tomar medidas extremas, como desconfiar de los forasteros que llegan a la comunidad.
La tensión alcanzó un punto crítico recientemente cuando, en un malentendido, ocho policías fueron retenidos por los pobladores al confundirlos con miembros del crimen organizado. Según los policías estatales, llegaron a Frontera Corozal en respuesta a una llamada de auxilio relacionada con sucesos en el municipio de Altamirano. Sin embargo, la presencia de estos oficiales desconocidos generó alarma entre los habitantes, que los retuvieron y encarcelaron en una cárcel ejidal.
La última comunicación de uno de los oficiales fue con su esposa, quien recibió una llamada a eso de las cinco de la tarde, en la que informaba que habían sido retenidos por los habitantes de la comunidad. La llamada duró menos de un minuto, y luego quedó en silencio, ya que los policías habían sido despojados de sus pertenencias.
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Los familiares de los oficiales, enterados de la situación a través de las redes sociales, decidieron realizar un bloqueo en el Arco Sur para exigir la intervención de los altos mandos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.
Hasta el momento, los habitantes de la comunidad exigen el pago de una multa y la comunicación con los mandos de la policía para confirmar la identidad de los retenidos, y se ha informado que ha habido diálogo con la población de Frontera Corozal para llegar a un acuerdo y resolver esta delicada situación.