Al gobierno mexicano no le interesa la salud de cientos de haitianos, africanos y centroamericanos varados en Chiapas
Renel Pierre no le tiene miedo al Covid-19, pero sí pavor a que su esposa e hijo pasen hambre, por eso todos los días sale del pequeño cuarto que renta en dos mil pesos mensuales con apoyo de la ACNUR, para vender aguas en cruceros del sur de Tapachula.
El haitiano salió desde el 2013 de su natal Ginaive, lejos de la capital Puerto Príncipe, para atravesar Chile, Ecuador, Venezuela y otros países hasta llegar a Centroamérica. En Panamá, su bebé enfermó porque le prepararon la mamila de leche con agua de río. Parecía que lo peor había pasado al atravesar la selva y llegar a la frontera México-Guatemala, pero no tenía idea de que venía lo peor.
Su llegada a Tapachula se dio en medio de la pandemia. Los trámites migratorios, de por sí ya lentos y nulos, se volvieron aún más accidentados, así que optó por salir a las calles a la vendimia, mientras espera con un pequeño hálito de esperanza que el INM le brinde papeles que le permitan estar en regla en México.
Ahora su preocupación se reduce a vender el mayor número de aguas que pueda. Si cumple la meta de sacar de su hielera más de 10 botellas, tiene para comer, de lo contrario, se truena los dedos de angustia.
“A veces la venta es muy baja, a veces me compran 12 botellas, entonces junto 120 pesos mexicanos y con eso tengo para comer, pero cuando llueve no salgo de casa y todo se complica, mi bebé necesita pañales y otras cosas”, relata.
En medio del virus rondando por las calles de la frontera sur, Renel no tiene opción de quedarse en casa. O sale o su familia y él se mueren de hambre.
Cientos están en la calle
Renel no es el único caso de gente con el estómago vacío, las ilusiones escasas y la pandemia rondándolos. En la mancha urbana de Tapachula hay un aproximado de 300 extranjeros dedicándose a la venta de comida, agua y refrescos embotellados, según datos de la Secretaría de Servicios Públicos Municipal. A los que peor les va se han instaurado en entradas de tiendas de conveniencia y sucursales bancarias a pedir de peso en peso.
La cifra parece corta ante el alto número de migrantes que permanecen varados en esta franja fronteriza con Guatemala.
Pero el mayor problema no lo representa la cantidad de haitianos, centroamericanos, cubanos y africanos deambulando para ganarse el pan de cada día, se trata también de un preocupante asunto de salud pública que no es atendido por ningún orden de gobierno.
Según el Plan Operativo de Atención a la Población Migrante ante Covid- 19, diseñado por el gobierno de México, cada entidad federativa establecerá el tema en la agenda de los comités estatal y jurisdiccional para la seguridad de los migrantes en el tema de salud.
Refiere que en su punto 2, acerca de la implementación de acciones preventivas en los ámbitos de acción que se realizará un censo de la población migrante que se encuentra en el lugar (albergues, ciudades, centros de atención) para identificar grupos de acción en vulnerabilidad.
Asimismo establece los acuerdos con hospitales y clínicas de salud para la atención de migrantes que atraviesan cuadros similares al Covid-19.
Pero nada de esto ocurre. Ni atención, ni censos, ni estudios de riesgo y tampoco ayuda para los que llegan a oficinas de gobierno o los que están en la calle. Nada de lo suscrito en este plan del gobierno federal se ejecuta. Los migrantes están en un peligroso limbo.
Abandonados en el sur de México
Para el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C. hay tres puntos que preocupan en torno a esta situación: las personas detenidas, la suspensión de trámites que desde hace algunos meses que rezagó los flujos migratorios y la suspensión de labores debido a la pandemia que atora las solicitudes de refugio.
Rita Marcela Robles, integrante de esta asociación defensora de derechos humanos, señaló, que grupos activistas se percataron del riesgo que significaba la pandemia para los migrantes hacinados en cárceles migratorias y en la calle, por lo que interpusieron siete amparos, de los cuales, sólo tres siguen activos y el resto fueron desechados.
Los amparos orillarían al Instituto Nacional de Migración a regularizar a las personas abandonadas en puertos fronterizos, las que estaban en libertad a la espera de una respuesta en sus procesos y las que estuvieran detenidas y hacinadas en las estaciones federales.
Pero los amparos siguen a la espera de resolución y el gobierno acéfalo ante la emergencia migratoria que persiste para los activistas, ahora más agudizada por la pandemia.
“Los abusos en contra de la comunidad migrante se agudizan cuando los extranjeros no tiene un papel que acredite su legal estancia en el país, por eso pedimos medidas de regularización que faciliten la estancia de los migrantes y puedan acceder a los sistemas de salud”, aseveró la activista.
La desprotección hacia la comunidad migrante en la frontera sur y en el país es muy grave en medio del Covid-19.
“Estamos ante una emergencia mundial y no se puede continuar con estas políticas que excluyen y discriminan a seres humanos”, culminó.
ER
