El director del Centro de Derechos Humanos Ku'untik, de San Cristóbal de Las Casas, Diego Cadenas Gordillo, sostuvo que no existen condiciones para el retorno a sus hogares de 43 familias indígenas en el ejido Puebla municipio de Chenalhó, en la región Altos de Chiapas, de donde fueron expulsadas violentamente el 26 de mayo del 2016.
Dijo el defensor que persiste la amenaza por parte del grupo armado que opera en la región, "pero como ahora se les ha ofrecido 15 mil pesos por cada familia que dejen retornar, más otras obras de infraestructura pública, los caciques de la comunidad ya accedieron para que retornen bajo esas condiciones, pero no se garantiza la seguridad, la protección, la vida, la integridad, los derechos humanos".
Requerimos que la Fiscalía de Justicia Indígena realizara los peritajes a los inmuebles de los agraviados en el ejido Puebla para evaluar los daños y proceder a la reparación de los mismos, pero no se ha realizado; "el grupo agresor aún armado y con actitud beligerante, nuestra función es respetar la decisión de las personas que representamos. Consideramos que ese retorno será sin condiciones de seguridad ni mucho menos dignas".
La agresión aquel 26 de mayo del 2016 fue perpetrada por el grupo encabezado por Rosa Pérez Pérez, en ese momento presidenta municipal de Chenalhó, por el Partido Verde Ecologista de México, y Abraham Cruz Gómez, en ese momento síndico, ahora presidente municipal, las víctimas más de 250 personas han tenido que vivir en el exilio, varias personas han perdido la vida huyendo de la agresión.
"Solicitamos un Acta de Asamblea en la que se refrendara el compromiso de la comunidad de que habrá respeto para las personas que retornen, y que previamente permitan el ingreso del personal de la Fiscalía General del Estado para que realice los peritajes pendientes. Ante esta solicitud, recibimos una Acta en la que se refieren hacia las personas desplazadas como auto desplazados, es decir niegan la violencia que ejercieron en su contra y que por tal motivo tuvieron que desplazarse para salvar su vida".
Recordó que en la agresión que causó el desplazamiento fueron asesinadas dos personas, una menor de edad "Andrea" y el señor Guadalupe Cruz Hernández, incluso ha sido corroborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) mediante recomendación al gobierno de México y de Chiapas y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
"Recientemente recibimos el acta supuestamente ya corregida, pero en realidad lo que hicieron fue únicamente borrar, de la acta original, la palabra "auto", por lo que recordamos a las autoridades federales y estatales que la integridad física y la vida de estas 43 familias es responsabilidad del Estado mexicano salvaguardarlas".
Puntualizó Cadenas Gordillo que un acta que no es de asamblea general, y que es tomada a la ligera por las autoridades comunitarias, y el hecho de pagar con obras y con recursos económicos para su retorno no son garantía de seguridad, ni mucho menos una medida de no repetición, sino todo lo contrario, son un aliciente para futuros desplazamientos; pedimos mayor atención y responsabilidad en la atención de éste caso.
