El Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, dijo que a los casos de los llamados “presos políticos” se les está dando puntual seguimiento a través del Tribunal de Justicia, “no olvidemos que muchos de ellos ya se encuentran sentenciados, pero hay una mesa de atención que están coordinando la revisión de los expedientes”.
Pese a que presos en ayuno y que mantuvieron una huelga de hambre por más de 100 días, en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados número 5 (Cerss), han declarado nula atención por parte de las autoridades correspondientes para analizar sus expedientes, el fiscal argumentó lo contrario.
Llaven Abarca comentó que la mesa de atención es coordinada por el Tribunal de Justicia y el Centro Estatal de Derechos Humanos (CEDH), “esa parte debe resolverse con un seguimiento puntual, revisando caso por caso, muchos ya tienen sentencia y llevan años en los penales, habremos de revisar algunos casos, otros sin duda van a resolverse conforme a derecho, pero lo que si te puedo decir es que hay atención especial”.
Y es que el grupo de trabajo No Estamos Todxs y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), han denunciado que las autoridades en vez de resolver a favor de los presos políticos, han sentenciado en contra, como el caso de los hermanos Gómez Montejo y el Adrián Gómez, que en lugar de ser liberados han recibido sentencia condenatoria.
Cuestionado sobre los “actos de represión” denunciados por estudiantes normalistas y otras organizaciones, dijo que el libre tránsito ha sido una petición añeja de la ciudadanía, lo cual los obliga a garantizar dicho derecho.
“En coordinación con varias corporaciones, se están estableciendo operativos preventivos y de diálogo y reconocemos el entendimiento de los jóvenes que han comprendido que la mejor forma de manifestarse es de forma pacífica, hasta el momento no ha habido ninguna confrontación con ellos y con ninguna otra organización”, finalizó.
Los presos que dicen llevar más de 100 días en huelga de hambre, demandan su liberación de las cárceles de la entidad, argumentando ser reos políticos e inocentes de los delitos que se les imputa