San Cristóbal de Las Casas.- Desde el pasado 5 de julio el delito de violencia familiar se persigue de oficio, es decir, ya no existe el perdón y cualquier persona podrá denunciar que hay maltratos en cualquier hogar, incluso de manera anónima, dio a conocer la diputada local, Valeria Santiago Barrientos.
“En el caso de que algún integrante de la familia sufra violencia, lesiones, ya no va mediar el perdón, por ejemplo: que el esposo maltrataba a la esposa, le provocaba lesiones, tardaban más de 15 días en sanar o ponían en peligro su vida, y por distintas razones la esposa le otorgaba el perdón, con esta reforma ya no va ser posible, ya no va existir eso de reparar el daño, es muy importante que sepan que esta conducta va ser constitutiva de un delito, que se van ir a la cárcel”, dijo en conferencia de prensa.
Santiago Barrientos, puntualizó que la reforma se realizó al Código Penal del Estado de Chiapas, en los Artículos 198, 199 y 200, que hablan sobre el delito de violencia familiar que ahora se persigue de oficio, con la finalidad de brindar protección a cualquiera de los integrantes de la familia: esposa, esposo, hijo, hija, adulto mayor o con capacidades diferentes.
“La violencia familiar ya se persigue de oficio y no por querella como se realizaba anteriormente, es un avance jurídico para el Estado de Chiapas, porque se adicionan dos agravantes, la primera es cuando las lesiones que presenta la víctima tarden en sanar más de 15 días o cuando pongan en peligro su vida”, añadió.
Además, en aras de armonizar, en este delito se cambia el término maltrato por violencia, “para que no exista una mala interpretación de quienes se encarguen de juzgar en su momento el delito, y así no exista una equivocación y llamar violencia, esta reforma sale de la esfera de protección del núcleo familiar y protege a la mujer para que sea libre de decidir sobre su cuerpo”.
“Es decir, la reforma también protege a la mujer en el noviazgo o en relaciones de sexo ocasional´, esto no se había dado antes, es innovador, porque se encontraban lagunas jurídicas para poder aplicar la ley en esos casos; también hay que aclarar que la ley es para todos, los usos y costumbres no exime de responsabilidad, vamos a buscar estrategias adecuadas para que esta reforma se sepa en todos los municipios indígenas”, abundó.
Explicó que tratarán de llegar a todos los lugares de donde hablan lengua materna y emprenderán un programa de difusión de dicha reforma en todas las localidades, en especial en los municipios de los Altos de Chiapas.
Asimismo, dijo que esta la iniciativa de impulsar esta reforma nace del incremento de incidencia de violencia familiar entre 2018 y 2019, donde creció un 72 por ciento, según datos de la Fiscalía del Estado.
“La pena máxima es de 6 años, vamos a ir perfeccionando de acuerdo a lo que vayamos trabajando con la Fiscalía General, un agravante más va ser que cuando los niños estén presenciando los episodios violentos de sus padres, van a tener consecuencias como la pérdida de la custodia o que la pena se incremente, esto aplica cualquier a cualquier persona que integre el núcleo familiar”, indicó.