Después de varios meses de permanecer silencio, integrantes del Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite), expresaron su preocupación ante el contexto de amenaza latente de reactivar las actividades mineras en el municipio de Chicomuselo, Chiapas, originado por la falta de intervención de los tres órdenes de gobierno.
En un escrito, Modevite, señalaron que en los últimos meses del año 2022 se ha constatado la presencia de empresas y personas interesadas en reiniciar la explotación minera en las diversas localidades de este municipio como son: El Naranjo, Nueva Morelia, Santa María, Ricardo Flores Magón, Grecia, Benito Juárez, promoviendo actividades mineras, sin la consulta previa y consentimiento de los ejidos y comunidades que se verán afectados con estas actividades.
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“En 2009, los habitantes del municipio de Chicomuselo han sido testigos de las afectaciones ambientales, daños a la salud, división comunitaria, conflictos sociales, entre otros, provocado por la empresa minera canadiense Blackfire, en caso de ser reactivado será afectando principalmente al agua subterránea, ríos, arroyos, bosques, la salud de la población y el tejido comunitario que caracteriza a las comunidades de la región; y en ese tiempo culminó con el asesinato del señor Mariano Abarca Roblero”, denunciaron en el escrito.
En la misiva señalaron que, de manera formal se ha presentado denuncias ambientales ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) sobre el caso Chicomuselo, sin embargo, la respuesta ha sido la falta de interés vulnerando los fundamentos legales plasmados en el marco jurídico nacional e internacional; “Actualmente seguimos en espera de una mesa de dialogo con funcionarios del gobierno estatal y federal para atender esta problemática social sin que hasta la fecha se tenga respuesta alguna”.
Al respecto, hacen un llamado a los distintos niveles de gobierno a que cumplan con su deber de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos individuales y colectivos de la población en general que busca por medios pacíficos, generar espacios de unidad para construir la paz entre los pueblos y comunidades en un entorno de respeto y armonía.
“Responsabilizamos al estado mexicano sobre cualquier acto que ponga en riesgo la integridad y la vida misma de quienes defendemos el territorio y los derechos humanos que actualmente se encuentran amenazados por los intereses económico y políticos de unas cuantas personas, invitamos a los diferentes movimientos sociales del estado y del país, así́ como de la población en general a fortalecer la unidad y a permanecer atentos ante los nuevos acontecimientos sociales que violentan nuestros derechos para responder de manera articulada, organizada, consciente y en apego al marco legal”, cita el escrito.
