San Cristóbal de Las Casas.- Con la finalidad de exigir justicia y se investigue a la Embajada de ese país, por sus omisiones que contribuyeron a generar un ambiente de peligro a quienes protestaron por el daño ambiental, familiares de Mariano Abarca asesinado en 2009 por denunciar los impactos negativos de la explotación de barita de la empresa minera Blackfire Exploration en el municipio de Chicomuselo, dieron a conocer que han acudido a la Corte Federal de Canadá.

En un comunicado enviado por el sacerdote defensor de los derechos Humanos, Marcelo Pérez Pérez, dio a conocer que dicha denuncia contra la Embajada de Canadá en México que realizó la familia de Mariano Abarca, se analizó en una audiencia el 25 de marzo en la Corte Federal de Apelaciones de ese país, “esta instancia deberá determinar si es procedente una investigación de los actos de la diplomacia canadiense a favor de la empresa minera Blackfire.

A la minera se le acusa del asesinato del activista y es la primera vez en la historia que se demanda a una embajada de forma administrativa, la cual se inició en 2018, ante el Comisionado de Integridad del Sector Público de Canadá (PSIC) bajo el siguiente argumento: “a través de la ley de acceso a la información canadiense se obtuvieron 30 correos entre la Embajada, la empresa minera y el gobierno mexicano (entre 2007 y 2010), en el que la diplomacia pedía a las autoridades y orientaba a la empresa para contrarrestar los procesos de resistencia (protestas) que se realizaban en el municipio de Chicomuselo, Chiapas”.

“Consideraban a Mariano Abarca líder de esas protestas. En 2009 Abarca encabezó una protesta en la embajada de Canadá en la Ciudad de México en donde pedía su intervención porque se sentían en riesgo ante amenazas directas de BlackFire”, suscriben en la misiva.

He escrito firmado la familia Abarca Montejo entre otras Asociaciones Civiles, dicta que “Dos meses antes de su asesinato, fue detenido por autoridades de Chiapas y arraigado durante un mes”.

“En noviembre fue asesinado. La demanda ante el Comisionado de Integridad del Sector Público de Canadá (PSIC) argumenta que el actuar de la embajada violó 3 políticas públicas a que deben abocar su actuar, y esto fue un factor que incrementó el riesgo a la vida de Abarca”, añaden.

En abril de 2019 el PSIC negó a realizar la investigación. Por ello se recurrió a la Corte Federal de Apelaciones, instancia que deberá dictaminar si es correcta la negativa a la investigación, o de lo contrario ordenará se realice la investigación sobre el actuar de la embajada en el caso Abarca.

Por primera vez en la historia es demandada una Embajada en el país, por su presunta omisión en las manifestaciones en contra de la empresa minera Blackfire Exploration