El Estado Mexicano ampara los derechos indígenas y reconoce la pluralidad de nuestra nación con la publicación este 14 de agosto en el Diario Oficial de la federación, de la reforma a los artículos 1, 2, 4, 18 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin embargo, no se han atendido a los desplazados.
Aracely Cruz López, representante de 30 familias con un total de 116 personas desplazadas del ejido Puebla municipio de Chenalhó desde el 26 de mayo del 2016, expone que hay muchas injusticias en Chiapas, las que no se han querido atender y desconocemos las causas.
Este universo de personas y familias buscan ante el Estado Mexicano ser atendidos para lograr su reubicación, al no haber condiciones para el regreso en condiciones dignas y seguras a su lugar de origen, donde dejaron casa, parcelas, bienes muebles y grandes historias de vida.
Explicó que siguen a la espera de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desglose la Medida Cautelar a su favor, en la que pide al gobierno de México atención a los desplazados, ya que del total de desplazados, 30 familias con 116 personas buscan su reubicación y el resto 24 familias con 140 personas desean el retorno a su lugar de origen en condiciones dignas y seguras.
Lee también: Niños y niñas desplazados, lo más afectados por la omisión del gobierno
El total de los desplazados 54 familias y 256 personas indígenas del ejido Puebla municipio de Chenalhó, fueron violentamente expulsados el 26 de mayo del 2016, han sido beneficiados con una medida cautelar otorgada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos desde el 28 de febrero de 2018 y una recomendación 90/2018 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
El Subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, ha estado presente en Aldama, Chelahó y Chalchihuitán para atender otros temas que tienen que ver con conflictos agrarios, pero no se ha ocupado de la atención de los desplazados de Puebla también en Chenalhó, no obstante que es responsabilidad del Estado Mexicano su solución.
La Fiscalía General de Justicia del Estado inició en algún momento la evaluación de los daños para proceder a la indemnización pero no le dio seguimiento, sí alcanzó a documentar una parte del estado de destrucción de las viviendas, en las denuncias se señalan a presuntos responsables, pero no hay justicia.
