El gobierno y el paramilitarismo en Chiapas han sido señalados por diferentes organizaciones de apoderarse de comunidades indígenas en el estado, según un informe presentado por el Frayba después de tres años de no presentar un informe anual.

La construcción de cuarteles militares y de la guardia nacional sin permiso en estas comunidades ha llevado a la detención y encarcelamiento de defensores de derechos humanos.

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Las organizaciones denuncian que los militares, la guardia nacional, la policía y los paramilitares han violado los derechos humanos de la población indígena de Chiapas, con desapariciones de personas, detenciones injustas y violencia hacia las mujeres.

Además, se han dado casos de desplazamiento forzado y despojo de tierras, como en el municipio de Palenque, donde tierras fueron despojadas a varios indígenas para el proyecto del tren Maya.

Las mujeres en particular están luchando para proteger a sus familiares desaparecidos y víctimas de violencia. Las organizaciones han prometido seguir trabajando en el 2023 para documentar y denunciar estas violaciones de derechos humanos en diferentes comunidades y pueblos indígenas de Chiapas.

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