Hoy se conmemoran veintiséis años de la brutal Matanza de Acteal, un doloroso episodio que dejó cicatrices imborrables en la comunidad de Acteal, ubicada en el municipio de Chenalhó, en la región de Los Altos de Chiapas al sureste de México. El 22 de diciembre de 1997, una incursión paramilitar tuvo lugar en esta localidad, cobrando la vida de 45 personas, incluyendo niños y mujeres embarazadas, que se encontraban orando en el interior de una pequeña iglesia cristiana protestante de la organización "Las Abejas".
Aunque el gobierno mexicano catalogó inicialmente la masacre como un conflicto étnico entre comunidades, diversos grupos defensores de derechos humanos y opositores consideraron que fue parte de una estrategia gubernamental para desarticular la base social de Acteal. A pesar de que el crimen fue oficialmente castigado, las críticas hacia el procedimiento policial y judicial persisten, señalando que fue altamente inadecuado y que la impunidad aún prevalece.
Fuentes periodísticas han señalado directamente a mandos del ejército por su presunta colaboración en la masacre. Casquillos de bala encontrados en el lugar del crimen coinciden con armas exclusivas del ejército, y testimonios indican que los mandos militares armaron a civiles e incitaron su uso contra otros civiles. Estas acusaciones han generado un clamor persistente por justicia.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió una demanda contra el expresidente mexicano Ernesto Zedillo por el delito de lesa humanidad. Sin embargo, el grupo "Las Abejas" se desligó de la demanda, alegando que los demandantes anónimos podrían tener afiliación partidaria, generando especulaciones sobre la politización del caso.
Tras los trágicos eventos de Acteal, 26 indígenas fueron inculpados como autores de los crímenes. En 2009, la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México otorgó un juicio de amparo a 20 de ellos, argumentando que la Procuraduría General de la República había fabricado evidencias para inculpar a los presos. Este hecho resalta las deficiencias en el sistema de justicia y la necesidad de una revisión exhaustiva del caso para lograr la justicia plena que la comunidad de Acteal merece.
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