Más de 400 pequeños propietarios desplazados durante el conflicto armado entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el gobierno federal en 1994 de Ocosingo, Altamirano y Las Margaritas, anuncian que instalarán un plantón indefinido e iniciarán una huelga de hambre en el Zócalo de la Ciudad de México, para exigir al gobierno los indemnice.
Al respecto, Francisco Urbina Pérez en entrevista dijo que, en un acuerdo tomado en una asamblea que llevaron a cabo en un lugar del municipio de Teopisca, más de 200 personas viajarán la próxima semana para instalar un plantón indefinido el 24 de este mes frente a Palacio Nacional.
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Agregó que en total son 441 afectados, agrupados en la Asociación Civil de Propietarios Rurales Desplazados de la Zona de Conflicto, el cual reclaman el pago global de 41 mil 937 hectáreas que en 1994 fueron tomadas por integrantes del EZLN.
“Nosotros como afectados estamos pidiendo solución al desplazamiento forzado interno que estamos padeciendo; que nos indemnice el gobierno federal porque se ha llegado a la conclusión de que no hay posibilidades de retornar a nuestras propiedades, que además es un consenso entre autoridades federales y estatales, en el actual gobierno hemos sido atendidos, pero falta que nos paguen las propiedades, nos está atendiendo el doctor Lorenzo Gómez Hernández, director de la Unidad de Gobierno de la Secretaría de Gobernación (Segob), quien elaboró una ruta de trabajo en la que se llegó a la conclusión de que se nos tiene que indemnizar, pero se necesita la autorización del presidente de México para liberar los recursos”, indicó.
Finalmente, Urbina Pérez señaló que de acuerdo con el avalúo que mandaron a hacer, cada hectárea tiene un precio estimado de 220 mil pesos, y que están abiertos a negociar, y exigieron al presidente de México que tome cartas en el asunto porque llevan 28 años desplazados; “nos arrebataron todo: ganado, maquinaria, tierras y forma de vida, lo que estamos pidiendo es que se nos haga justicia, desde que estalló el conflicto en 1994 se violentaron nuestros derechos porque era obligación del gobierno proteger nuestros bienes y no lo hizo”.
