Han transcurrido siete años desde que más de 50 familias, aproximadamente 550 personas, fueron desplazadas forzadamente del ejido Puebla, ubicado en el municipio de San Pedro Chenalhó. La presencia de grupos armados y problemas políticos en la región los obligaron a buscar refugio en San Cristóbal de las Casas.
Araceli Cruz López, una de las afectadas, denunció que, a pesar del tiempo transcurrido, continúan viviendo como desplazados en San Cristóbal de Las Casas. Su única demanda es el pago de los daños sufridos, la reubicación y la construcción de viviendas. Desde hace varios meses, han expresado su deseo de regresar al ejido Puebla, pero las amenazas persistentes los mantienen alejados.
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"El gobierno estatal se comprometió a reubicarnos aquí en San Cristóbal, pero todo fueron mentiras. También dijeron que nos trasladarían a la cabecera municipal de Chenalhó porque es más seguro, pero han pasado ya dos años y no se ha concretado. En el ejido, ya no queremos regresar debido a la continúa violencia. Estamos esperando ser atendidos. Protección Civil es quien nos provee de alimentos, pero de manera muy lenta. Exigimos que se castigue a todos los responsables del desplazamiento forzado que sufrimos", declaró Araceli.
Además, señaló que durante el desplazamiento, Guadalupe fue asesinado y que en aquel entonces, el gobierno estatal no aplicó el estado de derecho en el municipio. Algunos desplazados han regresado al ejido Puebla, pero son seguidores del actual presidente municipal de Chenalhó. Mientras tanto, el resto de los desplazados continúa fuera de sus hogares.
Ante esta situación, demandan al gobierno estatal que solucione sus demandas y aborde el problema de manera seria. Han sufrido durante estos siete años y consideran que su lucha es justa. Reclaman una pronta solución, ya que viven en condiciones precarias donde incluso el agua se filtra a través de los techos.
Es imperativo que las autoridades atiendan esta problemática, brinden las soluciones necesarias a estas familias desplazadas y garanticen la justicia que merecen. El tiempo transcurrido no debe ser un obstáculo para el cumplimiento de sus derechos fundamentales.
