Pueblo creyente de Zinacantán de la diócesis de San Cristóbal de Las Casas exige la libertad de Manuel Sántiz Cruz defensor de los derechos humanos, de la tierra y el territorio en San Juan Cancuc y 4 personas más criminalizadas, integrantes del Pueblo Creyente de La Parroquia de San Juan Evangelista de San Juan Cancuc en la región Altos de Chiapas.
Lee más: Familiar de los linchados aclara situación sobre zafarrancho en Zinacantán
Así lo hizo público el padre Marcelo Pérez Pérez párroco de Guadalupe en San Cristóbal de Las Casas y asesor de la Pastoral Social de esa Diócesis y de la Provincia Eclesiástica de Chiapas, tras argumentar que se trata de una criminalización de los defensores de derechos humanos.
Explica que Manuel Sántiz fue detenido aproximadamente a las 07.00 de la mañana del domingo 29 de mayo por la Policía Municipal y la Guardia Nacional sin que contaran con órden de aprehensión en el barrio Abajo (C’ani’) de la cabecera municipal de San Juan Cancuc junto con dos personas más: Agustín Pérez Domínguez y Juan Velasco Aguilar y trasladados a San Cristóbal de Las Casas, puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía de Justicia Indígena hasta el lunes 30 aproximadamente a las 10.00 de la mañana, por lo que estuvo ilegalmente detenido por más de 24 horas; la puesta a disposición fue supuestamente por posesión de mariguana de la cual fue liberado el 31 de mayo alrededor de las 21.00 horas.
Narra qué inmediatamente después de su liberación fue detenido por elementos policiales a través de una orden de aprehensión por el supuesto delito de homicidio calificado de un Policía Municipal de Cancuc y fueron trasladados al Juzgado de Control al Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) No. 5, y el 1 de junio familiares de los detenidos junto con integrantes del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas se encontraban en el Juzgado de control, en este lugar fueron detenidos dos personas más: Agustín Pérez Velasco y Martín Pérez Domínguez quienes testificaron a favor de Manuel además de que los abogados y observadoras internacionales fueron amenazadas, hostigadas e intimidadas por los policías estatales.
Puntualiza el comunicado que la demanda al gobierno del estado es la inmediata liberación de los detenidos en el municipio de San Juan Cancuc y que el Estado Mexicano deje de criminalizar a los defensores de los derechos humanos en nuestros municipios del estado de Chiapas.
