Tapachula.- El Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos del Sureste Mexicano, desmintió categóricamente la información publicada por el Instituto Nacional de Migración (INM) entorno a la arbitraria detención de personas que ingresaron por la frontera sur en una nueva caravana, pues el aseguramiento fue “bajo engaño y desgaste”.
A través de un comunicado señalan: “se revisó su condición migratoria de forma pacífica y cuidando la integridad de las personas”, puesto que, hasta el momento de su detención bajo responsabilidad de agentes migratorios, las personas no fueron entrevistadas para conocer su situación y sus documentos migratorios, así como sus necesidades de vulnerabilidad y protección internacional para el acceso a sus derechos. Además de que no se trató de una entrada al país de forma “abrupta”, ni descontrolada, sino buscando precisamente alguna de las diversas formas de regularización en México.
“Se observó igualmente presencia de monitoreo a la crisis humanitaria de personas migrantes y refugiadas Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos del Sureste Mexicano la CNDH y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, documentando el operativo, así como de algunos medios de comunicación”, exponen.
Afirman, que, con preocupación e indignación, rechaza en su totalidad las estrategias del Estado de militarizar la frontera y el caminar de las poblaciones en contexto de movilidad humana, así como la contención, persecución y detención migratoria sistemática contra las personas migrantes y con necesidad de protección internacional.
“Exigimos al Estado mexicano que instale capacidades de atención inmediata en las instituciones responsables a fin de garantizar y ser congruentes con una política migratoria y de refugio con un real y efectivo enfoque de derechos humanos, y no de criminalización y represión hacia la población migrante, y, en consecuencia, hacia la defensa y promoción de los derechos humanos en este contexto”, concluye en posicionamiento.
La detención de centroamericanos causó malestar, porque consideran que no se hizo la investigación de la condición migratoria en la que se encuentran en el país, ni se revisó su documentación