San Cristóbal de Las Casas.- “El 12 de Agosto de 2009 la Suprema Corte de Justicia de la Nación-SCJN falló a la justicia, considero más importante un tema meramente académico que defender la Verdad y la Justicia. Pues ese día, la SCJN resolvió un amparo presentado por abogados del Centro de Investigación y Docencias Económicas-CIDE en defensa de grupos paramilitares y con señalar irregularidades en el debido proceso ordeno la inmediata libertad de 29 paramilitares sentenciados por su participación en la Masacre de Acteal”.
Es necesario juzgar a Ernesto Zedillo Ponce de León, Emilio Chuayffet Chemor, Julio Cesar Ruiz Ferro, Gral. Enrique Cervantes Aguirre, Homero Tovilla Cristiani, Uriel Jarquin Gálvez, entre otros
Sobrevivientes de la Masacre de Acteal y Concejo de la organización de la Sociedad Civil 'Las Abejas'
Lo anterior lo recuerdan en un comunicado representantes de sobrevivientes de la Masacre de Acteal y Concejo de la organización de la Sociedad Civil “Las Abejas”, quienes apuntan también que esta decisión de la SCJN generó condiciones para que en los posteriores años los demás paramilitares obtuvieran libertad bajo el mismo recurso, y alimento así el reinado de la impunidad y la corrupción.
Consideran que este 3 de septiembre será precedente en la historia de México ya que la actual administración, sin esperar el informe de fondo de la CIDH, o una sentencia de la Corte IDH “decidió asumir este nivel de responsabilidad y marca un hecho histórico porque se ahorra tiempo, evita un proceso contencioso y termina con la larga espera de los sobrevivientes que ha desgastado física, psicológica y económicamente a las víctimas de la Masacre”.
“No esta demás decir, que eso habla bien de nuestro país en la política exterior, pero sobre todo genera esperanza para los miles de víctimas de graves violaciones de derechos humanos”, añaden.
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Dejan en claro que con su lucha permanente “no pretendemos que los paramilitares liberados vuelvan otra vez a la cárcel”, ya que tienen en claro que ellos sin una política de control social impulsado por el gobierno, sin una estrategia de guerra desarrollado por el ejército mexicano “no hubieran asesinado a sus propios hermanos”.
“Nos parece una discriminación que únicamente los autores materiales por ser indígenas hayan sido procesados y los autores intelectuales por ser ex gobernantes y mestizos sigan libres y con impunidad. Para nosotros es necesario juzgar a Ernesto Zedillo Ponce de León, Emilio Chuayffet Chemor, Julio Cesar Ruiz Ferro, Gral. Enrique Cervantes Aguirre, Homero Tovilla Cristiani, Uriel Jarquin Gálvez, entre otros, y sean llevados ante la justicia para sentar un precedente como garantía de No Repetición de Hechos y para que desde el gobierno ya no se siga planeando más masacres y exterminio contra los pueblos indígenas de México para que nunca más se repita otro Acteal”, destacan.
“El reconocimiento de responsabilidad es una medida de gran relevancia que otorga razón a las víctimas sin distinción de grupo de haber sido víctimas de actos del Estado y que es momento de que haya Verdad, Justicia y reparación integral. La justicia se construye día a día, con los pies en la tierra para lograr los objetivos razonables que permitan a las víctimas justicia en vida”, concluyen.
