En los últimos años, en el estado de Chiapas, se han registrado alrededor de mil 200 desplazamientos internos en zonas indígenas, y la mitad de ellos son niños, niñas y adolescentes.
El desplazamiento forzado es una grave violación a los derechos humanos que afecta profundamente a la vida de las personas, sus proyectos, su historia, su cultura y su bienestar.
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El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas ha señalado que los niños, niñas y adolescentes se ven expuestos a situaciones de violencia extrema que les causan una profunda huella emocional, cuyos impactos sociales y afectivos no son documentados ni atendidos.
Además, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos ha informado sobre dos eventos de desplazamiento interno por violencia ocurridos en julio de 2022, que afectaron a más de 3 mil 300 personas y 850 familias en los municipios de Frontera Comalapa, La Trinitaria y Larráinzar.
El desplazamiento forzado interno en Chiapas afecta la seguridad, las posibilidades educativas, la salud y la identidad de los niños y niñas de 5 a 12 años, según un estudio presentado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
Además, los niños en situaciones de desplazamiento pueden experimentar ansiedad, culpa, sentimientos de desvalimiento, rabia, hostilidad, incapacidad para expresar el dolor y trastornos del sueño.
Ante esta situación, la Red por los Derechos de la Infancia México (Redim) y la Red por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en Chiapas han hecho un llamado urgente para atender a las más de tres mil personas que han sido desplazadas de manera forzada.
Es necesario proteger y garantizar los derechos humanos de todos los niños y niñas, sin excepción, y poner fin a esta violencia que les afecta de manera tan profunda.
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