De 2011 a la fecha, se han documentado 40 conflictos en Chiapas, en donde las armas se han convertido en el recurso central, en 33 de estos casos fueron usados altos calibres, dio a conocer el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas.

Pedro Faro, integrante del citado centro defensor de derechos humanos, señaló que actualmente en diversas zonas de Chiapas, se vive una crisis de violencia, debido a que múltiples actores civiles utilizan el recurso armado como mecanismo de control político y territorial, que redunda en la economía.

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“Derivado del territorio de la acción armada en esos territorios son una constante amenaza y hostigamiento que han generado un número que nosotros tenemos ubicados 14 mil 796 personas víctimas de desplazamiento, de estas algunas siguen en situación de desplazamiento porque no pueden retornar a sus casas y a sus lugares de trabajo, de hecho ahí lo que constatamos es una ruptura de los proyectos de vida”.

Así mismo, el defensor de derechos humanos señaló que en Chiapas son cerca de 28 comunidades afectadas por el desplazamiento forzado durante el periodo del 2010 a la fecha, siendo el principal factor la falta de atención de esta problemática por parte del Estado.

“Los lugares de más alta tensión que hemos ubicado son las comunidades de Aldama, Chachihuitán, Pantelhó, San Gregorio Chamic, así mismo la zona de autonomía Zapatista donde también están siendo amenazadas que es la Junta de Buen Gobierno de Patria Nueva el Caracol 10 en donde también ha habido desplazamientos forzados por estos grupos armados” destacó.

El último conflicto que se registró fue en el municipio indígena de Chenalhó, en la comunidad de Santa Martha en donde iniciaron enfrentamientos de grupos paramilitares el pasado 29 de septiembre de 2022; provocando el desplazamiento forzado de más de 50 familias quienes perdieron sus casas, mientras que una veintena de personas fueron asesinadas.

El desplazamiento forzado, debido a las causas que lo generan, sus consecuencias y condiciones en que se encuentran las personas desplazadas, así como sus efectos físicos, psicológicos, comunitarios y los daños irreversibles por este acontecimiento traumático en el ámbito personal y comunitario son equiparables a tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes.

Ante este panorama, Gloria Estela Bua Valencia coordinadora de la Pastoral Social de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, manifestó que lo más deseable para estas personas es que pudieran regresar a su territorio, porque no solamente lo ven como su casa, sino que son lugares sagrados, donde está su historia, sus familias y sobre todo es donde han desarrollado su cultura y su identidad.

“La terrible situación que pasan las familias desarticuladas, arrancadas de su territorio, hay muchas secuelas, hay mucho dolor, hay muchas situaciones psicosociales que se están viviendo, además del hambre, de la desesperación por la que salen huyendo en perder su propiedad, el estar perdiendo sus modos de vida y buscar una reinserción”.

De no detener el número de casos de desplazamientos forzados, Pedro Faro explicó que el riesgo latente es que se genere una especie de estallido social, ya que incluso el mismo EZLN en uno de los comunicados de la Comandancia General ubica esa situación en Chiapas al borde de la guerra civil en el sentido de que están confrontando a poblaciones que de por sí de muchos años están organizados.