Desplazados despojados de sus tierras

El Comité de Desplazados Forzados Internos, afirma que ya no podrán frenar el coraje de los que sufren estas violaciones

ÓSCAR GÓMEZ / Corresponsal

  · jueves 14 de febrero de 2019

El síndico de Chalchihuitán está quitando las propiedades de los desplazados. / Foto: Óscar Gómez

San Cristóbal de Las Casas.- Representantes de desplazados, y del Comité de Desplazados Forzados Internos, denunciaron han sido despojados de sus bienes por órdenes del síndico, Hermelindo García Núñez, en complicidad con los habitantes de la comunidad de Cruz K'ak´alnam en el municipio de Chalchihuitán, quienes “entregaron a otras personas los bienes de los desplazados como los solares, las casas y las pertenencias que tienen dentro de ellas”.

En un comunicado firmado por Ausencio Pérez Paciencia, enlace; Marcos Pérez Gómez, consejero; María Pérez Gómez, vocera; Rufina Pérez Pérez, tesorera; revelan que actualmente son 10 familias desplazadas que han sido expulsadas de esa comunidad por orden del síndico, Hermelindo García Núñez, solo por el hecho de ser desplazados por los conflictos territoriales de Chalchihuitán con Chenalhó.

“El síndico argumenta que por orden del señor Gobernador no debe haber desplazados en Chalchihuitán ya que para atenderlos se requiere de muchos recursos y que además dan mala imagen al municipio y al Estado. García Núñez menciona también que las personas desplazadas no deben manifestarse como desplazados y que esa figura debe ser ocultada”, suscriben.



Puntualizan que les han argumentado que la solución que las autoridades dan a esta problemática “es que los desplazados que no obedezcan estas órdenes y que por lo tanto se manifiesten como tales deben ser expulsados de sus comunidades, encarcelados, multados, hasta colgados y quemados con gasolina”.

Lamentan que el síndico presione a las autoridades de cada comunidad, diciéndoles que "las comunidades quienes permitan la existencia de desplazados no tendrán obras sociales" y que esto es orden del Gobernador del Estado.

Dejan ver que en dos ocasiones se han acercado a comentarle al gobierno esta situación, y la única respuesta que reciben es que es un tema del municipio, lo que suponen “protegen el síndico para que pueda actuar con toda impunidad y con el amparo del poder estatal”.



“La situación que viven actualmente los desplazados puede llegar a tornarse en un ambiente de violencia entre familias y de venganzas personales hasta llegar a hechos de sangre, ya que por tantos hechos de injusticia”, advierten.


Piden la solidaridad de las organizaciones independientes, a los medios de comunicación, la sociedad civil y a los defensores de los derechos humanos “que nos ayuden a alzar la voz para que nos hagan justicia”.