San Cristóbal de Las Casas.- “El tema más delicado que ahora tienen, es el de las 20 compañeras que han sido violadas en el penal, con autorización del director son vendidas a los jefes de los pasillos del penal, se sabe lo difícil que es reconocer que son violadas y comercializadas, llegó gente de la Camisón Estatal y Nacional de Derechos Humanos a visitarlas, dijeron que estaban bien pero después dijeran que fueron amenazadas de muerte antes de que llegaran los visitadores”.
Así lo dijo, Eduardo Navarro Padilla, presidente del Frente Popular Francisco Villa México Siglo XXI, al referirse de la aplicación de la ley por parte del Fiscal Jorge Luis Llaven Abarca, para los detenidos durante los 9 desalojos de predios en Tuxtla Gutiérrez y otros municipios, “no es justa, ya que no existen pruebas de que hayan cometido un ilícito, fueron detenidos caminando en la calle y no hubo una adecuada vinculación a proceso y muchas mujeres están sufriendo abusos en las cárceles donde se encuentran”, declaró
Durante un foro sobre derechos humanos en la Plaza de la Paz, organizado por el Movimiento Campesino Regional Independiente (Mocri), Coordinadora Nacional Plan de Ayala Emiliano Zapata (CNPA-EZ), dijo que, con los despojos, “no desalojos porque según hay 9 propietarios beneficiados, pero no existe la certeza jurídica que sean reales, son muchas las familias afectadas y no hay plan para darle apoyo a quienes no cuentan con una vivienda”.
“No existe la documentación que apruebe plenamente la propiedad de los predios que les quitaron a más de 4 mil familias, compuesta de 16 a 18 mil ciudadanos sin donde vivir, por beneficiar a 9 personas, por lo que se está desacatando la Constitución, donde toda persona tiene derecho a una vivienda”.
Señaló que los afectados no tienen una alternativa donde vivir y prácticamente están viviendo en la calle, donde probablemente en un corto plazo se dediquen a delinquir, “ojalá las autoridades tengan una lectura distinta, ellos han hecho algunas cosas no gratas para la sociedad, es cierto como por ejemplo las marchas, pero lo único que buscan es el derecho a la vida digna”.
En ese sentido, pidió disculpas a la ciudadanía de Tuxtla y de Chiapas, por las molestias que ha ocasionado el Mocri “pero hoy como Frente Popular Francisco Villa queremos establecer una nueva cultura con la ciudadanía donde ya no sólo se piense en un gobierno diferente, sino también lo que ofrecemos como ciudadanos”.
Los grupos sociales están en contra de la aplicación de la ley, porque consideran que sólo se benefician a 9 propietarios de los predios invadidos y se dejan más de 4 mil familias sin “casa”
