La Fundación México presente de atención a migrantes se pronunció por un ordenamiento del Instituto Nacional de Migración (INM) en Chiapas, debido a que existen fuertes señalamientos de malos manejos de los recursos públicos, de tráfico de influencias y de corrupción, que se traducen en un inadecuado abordaje de la migración en la frontera con Guatemala.
Durante un recorrido por Carmen Xhan, municipio de Las Margaritas, integrantes de la fundación constataron que cada vez tiene mayor relevancia la migración en la ruta hacia Gracias a Dios perteneciente a Huehuetenango Guatemala, y otros caminos de extravío, sin embargo, no hay autoridad que restrinja el paso de personas, mercancías y vehículos provenientes de Centroamérica.
De acuerdo con el presidente de la fundación, Agustín Figueroa Flores, falta orden y estado de derecho, la exigencia de la sociedad es de seguridad, no están presenten las fuerzas federales de seguridad, en cambio, los migrantes que deambulan en la zona señalan de corrupción al interior del INM.
A pesar de la pandemia causada por el coronavirus, la migración en esta región es constante, están pasando grupos de extranjeros provenientes de Guatemala de 20 personas en promedio, hace falta personal del INM, y falta el despliegue de operativos, no hay puestos de control, ni filtros sanitarios.
Según el defensor de derechos de los migrantes, la falta de atención del INM en Tapachula y otras ciudades, hace que los migrantes busquen rutas alternas, donde aumenta el riesgo para su seguridad, pero también el riesgo de ser víctimas de la delincuencia organizada, como de las mismas autoridades migratorias.
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A la frontera han llegado personas con la intención de solicitar la regularización o la Tarjeta de Visitante Regional, sin embargo, la queja es que no hay agilidad en los trámites en las oficinas del INM, hay quienes esperan meses para ser atendidos en Tapachula o en algún punto de la entidad.
No hay claridad en el manejo de los presupuestos en materia de migración, no como se gastan los recursos en alimentos para el personal, ni para la ayuda humanitaria a favor de los migrantes, mientras que la exigencia es en materia de seguridad, protección y medicamentos.