San Cristóbal de Las Casas.- El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) pidió se investigue a los presuntos grupos civiles armados de corte paramilitar de Chenalhó, a fin de lograr su identificación, desarme y desarticulación, esto a más de 100 días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ya que “persiste riesgo a la vida por ataques armados en comunidades de Aldama y Chalchihuitán”.
“Consideramos que dicha investigación no puede ser suficiente mediante el levantamiento de investigaciones aisladas, por ejemplo: homicidio, portación de armas de uso exclusivo del Ejército, ataques a las vías de comunicación, etc., sino que debe de existir un plan estratégico que lleve al menos a la identificación de la conformación y estructura del o los grupos armados; su financiamiento; relación o interés que tienen en los conflictos de índole territorial”, consideran a través de un comunicado.
Además de “la relación que pudieran tener con autoridades municipales, estatales y federales; origen de las armas utilizadas; fuente del adiestramiento en el uso de las armas y para realizar operaciones armadas coordinadas. Investigación que debe de ser llevada a cabo por autoridad con capacidades técnicas suficientes”.
Puntualizan que el 1 de mayo de 2018 se instaló las Bases de Operaciones Mixtas (BOM) en Saclum, pero persistieron las agresiones con armas de fuego, pues se suman 17 de las 22 personas asesinadas de Santa Martha y 2 de las 5 gentes muertas de Aldama, las que fueron en ataques posteriores a la instalación de elementos policiacos y militares en la zona, “con la omisión de militares de la VII Región Militar al mando del Comandante Carlos Ramón Carrillo del Villar y elementos de la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana”.
Exigen se investigue la acción y omisión de los funcionarios que han sido cómplices y han propiciado la violencia generalizada en la región, y que se garantice la integridad y seguridad personal y la vida de la población en la región, con especial atención a las víctimas del desplazamiento forzado, “de acuerdo a los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de las Naciones Unidas y la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas”.
Demandan cese a la militarización de territorios en Chiapas, especialmente las regiones con población víctimas de desplazamiento forzado en Los Altos, además un alto a la criminalización, hostigamientos y judicialización a representantes de familias desplazadas de Chalchihuitán y Aldama.
Piden una investigación exhaustiva para dar con el paradero de los presuntos grupos armados, incluso saber quién los adiestra en el manejo de las armas, hasta saber quién los financia
DEMANDAN
