Un grupo de siete personas víctimas de fraude inmobiliario en Tuxtla Gutiérrez, exigen la intervención del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y del gobernador, Rutilio Escandón Cadenas, debido a que las denuncias presentadas ante la Fiscalía General del Estado, no avanzan, no hay audiencias, y la autoridad ministerial argumenta que no localiza al defraudador para notificarle fecha de audiencia, los responsables son Erick Romero Peimberth y cómplices Rocío Peimberth, Viviana Leticia Zuarth Flores, Gustavo Flores, entre otros, el quebranto asciende a 70 millones de pesos, y no han tenido acceso a la justicia.
Una de las afectadas, María del Rosario Gómez Flores, explica que el fraude inmobiliario se ha cometido en los fraccionamientos Ambar, Jardín de Mactumactzá, Edificio La Antigua, La Arbolada, San Cristóbal, La Cima, Jardín de Las Flores y La Vista, casos por los que los afectados han presentado demanda y no han logrado la reparación del daño, lamentablemente en este modo de operar de los supuestos empresarios se han visto involucrados notarios públicos y el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.
Desde el 17 de enero de este año se manifestaron víctimas de fraudes de estos supuestos empresarios, cuatro meses después hay más denuncias, aunque no dio nombres, comentó que otras personas están en proceso de presentar otras denuncias ante la Fiscalía General del Estado, siguen los imputados y a pesar de estar denunciados, cometiendo fraudes en los mismos fraccionamientos Ámbar, Santa Fe, Residencia Antigua, entre otros.
Estas personas han inscrito ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio a las empresas GCI, Líneas del Sur, Urban Group, Inmobiliaria Umbela del Sureste, Inmobiliaria Chiapaneca Ámbar y Desarrolladora de Conjuntos Residenciales del Centro de Chiapas, con las que tramitan créditos para ejecutar los diferentes desarrollos, es decir, mediante fideicomisos o Unión de crédito.
Narra que una vez obteniendo el recurso, las empresas correspondientes a cada desarrollo, comienzan la construcción y promoción de compraventa de los mismos, compradores de buena fe firmaron contrato de compraventa con la empresa sin saber que el contrato no está inscrito ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.
Los compradores dieron anticipo, continuaron con pagos parciales, en algunos casos terminan de pagar y al momento de exigir la escritura o darse cuenta que no hay casa construida, se encuentran con la noticia que la propiedad sigue siendo propiedad de la Unión de crédito o del fideicomiso, es decir, no tienen dinero, ni vivienda, tampoco pueden exigirlos, pues con quién firmaron fue con la empresa constructora, al no ser pagado el fideicomiso o crédito puente, la propiedad es embargada, tal cual sucedió con el edificio La Antigua y el Fraccionamiento Santa Fe.
Todos los casos son carpetas de investigación diferente, la carpeta de investigación número 237/2022, se canceló la audiencia inicial, en la causa penal 103/2022, la estrategia recurrente es dilación de las audiencias, en total suman 15 expedientes penales, pero no tienen acceso a la justicia y reclaman al Fiscal General del Estado, Olaf Gómez Hernández, así como al Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Guillermo Ramos Pérez, a la Secretaria General de Gobierno, Victoria Cecilia Flores Pérez, sin dilación la aplicación de la ley en contra de los defraudadores.
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