La organización Cepazdh San Cristóbal realizó una petición a través de la plataforma change.org, dirigida a los tres niveles de gobierno, bajo el título "Detengamos a la Barbie en Chiapas". Esta iniciativa tiene como objetivo recolectar 2 mil 500 firmas para manifestar la preocupación por la creciente violencia en el estado. Hasta el momento, la petición ha conseguido 2 mil 408 firmas.

Asimismo esta asociación en su escrito mencionan que Chiapas es un estado envuelto en una espiral de violencia creciente, ha experimentado un recrudecimiento alarmante en los últimos días. Esta situación ha llevado a un grupo de colectivos, organizaciones y personas preocupadas por los hechos violentos recientes en la entidad a alzar la voz.

La presencia del crimen organizado en Chiapas no es algo nuevo debido a su ubicación geográfica y al aislamiento que el estado ha experimentado durante años. El tráfico ilegal de personas, armas y drogas ha sido una constante en la región.

Aunque en el pasado estas actividades criminales no afectaban significativamente a la población local, en los últimos años la disputa territorial entre grupos delincuenciales ha desencadenado una escalada alarmante de violencia e inseguridad, especialmente en los municipios de Frontera Comalapa, Chicomuselo, La Trinitaria y Amatenango de la Frontera, entre otros.

La falta de respuesta institucional ha sido atribuida a la ambición desenfrenada y corrupción de numerosas autoridades, que han abandonado a su suerte a una población atrapada en medio de los fuegos cruzados de grupos delictivos rivales.

Esta situación, sumada al preocupante aumento del tráfico de armas en todo el estado y la proliferación de grupos armados, ha convertido a Chiapas en una tierra de nadie, donde la violencia prevalece sobre el diálogo y la negociación.

Si bien la zona fronteriza con Guatemala es el epicentro más agudo de la violencia y la inseguridad, la problemática se extiende a lo largo de todo el estado.

Diversos grupos, presumiblemente vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación y al Cártel de Sinaloa, han tomado el control de territorios completos mediante el terror, amenazas, extorsiones, desapariciones y asesinatos.

Otros grupos armados operan en regiones como Teopisca, San Cristóbal y San Juan Chamula, afectando gravemente la vida de los habitantes. Ante la inacción de las autoridades, estos grupos han ganado poder y territorio, sumiendo a Chiapas en una violencia sin precedentes.

Recientemente, un trágico ejemplo de la violencia generalizada en otras regiones del estado ocurrió en la noche del viernes 2 de junio, cuando un grupo armado, presuntamente proveniente de Santa Martha, Chenalhó, atacó a balazos a desplazados de esa comunidad que se encontraban refugiados en Polhó, dejando un saldo de 7 muertos y 3 heridos.

Ante este panorama desolador, Cepazdh San Cristóbal ha exigido medidas urgentes:

1. La presencia inmediata de las instituciones encargadas de la seguridad de la población, como el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y las Fiscalías estatal y federal, con el fin de restaurar el orden y llevar a cabo investigaciones exhaustivas para determinar los daños causados y su reparación.

2. La atención integral a la población desplazada, garantizando un retorno seguro y brindando protección para que puedan vivir sin temor a perder a sus seres queridos y a ver amenazado su patrimonio.

3. La implementación de medidas necesarias para restablecer la paz permanente en toda la región fronteriza, tomando acciones enérgicas contra los grupos delincuenciales que han causado un grave impacto en la vida de la población. Sin embargo, estos esfuerzos serán inútiles si el resto del estado continúa atrapado en una espiral interminable de violencia. Se exige que la restauración de la paz se extienda a todo Chiapas.

4. El reconocimiento por parte de las autoridades estatales y federales de la grave situación que vive la entidad. Negar la gravedad de la situación y presentar los hechos de violencia como brotes aislados no solo es irresponsable, sino también una falta de respeto hacia los chiapanecos que sufren día a día los efectos de la violencia y la descomposición social acelerada. Es urgente que las autoridades asuman su responsabilidad y tomen acciones concretas para proteger a la población.

5. La aplicación rigurosa de la ley, lo cual implica poner fin a la complicidad de políticos con el crimen organizado. Es inaceptable que miembros conocidos de la clase política chiapaneca, quienes tienen vínculos evidentes con la delincuencia o han participado en actividades criminales, aspiren a cargos de elección popular como la gubernatura o la presidencia de la República.

Finalmente piden actuar y poner fin a la corrupción y a la violencia que han prevalecido durante demasiado tiempo en Chiapas; “Nos negamos a ser testigos mudos de la destrucción social, económica, política, ambiental y cultural de nuestro estado. Ya se dejó crecer la pudredumbre por demasiado tiempo”, abundó la A.C

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