El municipio de Altamirano ha llegado a 13 meses sin gobierno a raíz de un conflicto que comenzó el 8 de agosto de 2023, cuando un enfrentamiento entre ejidatarios, un grupo armado y las autoridades del Concejo Municipal desencadenó una serie de eventos violentos. Estos incluyeron bloqueos carreteros, detenciones, encarcelamientos, quema de viviendas y vehículos, desapariciones, la toma de la Presidencia Municipal, el cierre de 16 instituciones educativas, la suspensión de misas en la Iglesia de San Carlos y templos evangélicos, y la interrupción de los servicios de energía eléctrica y agua potable. Además, se instaló vigilancia permanente en las tres principales salidas de la localidad, lo que obligó a las autoridades a trasladarse a San Cristóbal de las Casas, donde permanecieron varios meses en un hotel céntrico. Actualmente, operan desde el barrio de Guadalupe en Ocosingo.
En junio de 2024, el municipio se quedó sin autoridades, ya que Gabriel Montoya Oseguera, Mayra Teresa Pérez López, Cristóbal Gómez Santis y Óscar Gómez Velasco, quienes ocupaban los cargos de síndico y regidores, renunciaron tras un presunto desvío de fondos por parte de la presidenta del concejo, María López. Desde entonces, Altamirano no ha contado con autoridad oficial, y muchas obras se han paralizado o quedado inconclusas, mientras las oficinas del Concejo siguen funcionando desde Ocosingo.
La situación en Altamirano sigue siendo tensa, ya que los habitantes viven bajo constante amenaza. "No hay autoridad, el Concejo Municipal se desintegró con la renuncia de cuatro de sus miembros, quedando sola la presidenta concejal María. Estamos sin gobierno, con la Presidencia Municipal cerrada desde agosto de 2023", comentó un residente.
Recientemente, la violencia ha escalado. Tres hombres fueron hallados colgados y, hace pocos días, un poblador conocido como don Simeón perdió la vida en Tuxtla tras un ataque armado en su domicilio, mientras su hijo sigue recibiendo atención médica en Altamirano. Las entradas principales del municipio están bajo vigilancia constante por los mismos habitantes; durante el día, las carreteras están abiertas, pero se bloquean por las noches para evitar la entrada de grupos armados. Los habitantes han impuesto un toque de queda ante las amenazas de nuevos ataques.
A pesar de la presencia de soldados y elementos de la Guardia Nacional en la región, los pobladores lamentan que la ingobernabilidad persiste, afectando gravemente la economía local. El transporte público, el comercio y las tiendas de abarrotes se han visto perjudicados, ya que muchas empresas temen ingresar al municipio para surtir mercancías, ante el riesgo de agresiones o retenciones. "Aquí nadie habla ni opina. Las calles están en silencio, y quienes no respeten las advertencias enfrentan multas o detenciones", concluyó un habitante.
