Esta mañana el Movimiento Campesino Regional Independiente (Mocri) marchó saliendo de la Diana Cazadora hasta el Poder Judicial esto para exigir justicia por el asesinato del ingeniero Andrés Jiménez Pablo, quien fue asesinado el 12 de agosto de 2017.
A siete años del asesinato del ingeniero Jiménez Pablo, la comunidad organizada en Chiapas continúa exigiendo justicia por lo que consideran un crimen de Estado. En un comunicado dirigido a la opinión pública, medios de comunicación, organizaciones sociales y populares, así como a la ciudadanía en general, se recordó la brutalidad del homicidio perpetrado el 12 de agosto de 2017 y las irregularidades en el proceso judicial que han permitido la impunidad del responsable.
Andrés Jiménez Pablo, conocido por su papel en la defensa de los derechos agrarios y por su liderazgo en diversas movilizaciones sociales en Ocozocoautla, Jiquipilas y Berriozábal, fue asesinado después de salir de una entrevista radiofónica donde denunció públicamente la falta de atención a los conflictos agrarios provocados por grupos caciquiles y funcionarios del gobierno estatal. La comunidad sostiene que este asesinato fue meticulosamente planeado como una represalia por su labor en asesorar a las comunidades en la recuperación de sus tierras, lo que lo convirtió en objetivo de persecución penal.
A decir de Carloa Jiménez Escobar, familiar del ingeniero mencionó que saliendo de la radiodifusura fue abatido con 12 balazos, lo que le termino quitando la vida, mientras tanto asegura que habían pruebas contundentes de que el autor intelectual era Joaquín Zebadúa.
Tras el asesinato, la presión ejercida por la organización a la que pertenecía Andrés Jiménez y las declaraciones de testigos presenciales fueron fundamentales para que la Fiscalía General del Estado detuviera al presunto autor material del crimen. Sin embargo, a pesar de una primera sentencia condenatoria emitida por el juez penal Francisco González Zebadúa, una Sala Penal ordenó la reposición del proceso, lo que fue seguido por una serie de negligencias por parte de la Fiscalía. Estas negligencias incluyeron la presión y amenazas hacia los testigos clave, lo que debilitó significativamente el caso.
Con la llegada de Rutilio Escandón al gobierno estatal en 2019, la organización denuncia que se emplearon argucias legales para decretar la libertad del acusado, lo que ha incrementado la desconfianza hacia las instituciones judiciales locales.
Hoy, en un acto de manifestación pacífica frente a las instalaciones del Poder Judicial de la Federación, la organización reiteró que fue en este recinto donde un Tribunal Colegiado avaló las acciones ilegales que han impedido que se haga justicia en el caso del ingeniero Andrés Jiménez Pablo. "No dejaremos de luchar hasta que se haga justicia y los responsables, tanto materiales como intelectuales, paguen por este crimen", concluyó.
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