“El Estado mexicano debe plantear una solución justa al conflicto social en el municipio indígena de Solosuchiapa, tras el rechazo de las comunidades indígenas a la empresa minera Santa Fe, del empresario mexicanos Carlos Slim”, expuso el presbítero Marcelo Pérez Pérez.

El asesor de la Pastoral Social de la Provincia Eclesiástica de Chiapas, manifestó que las localidades han enviado a distintos niveles de gobierno su inconformidad por el funcionamiento de la compañía y ante la negativa, tomaron la decisión de invadir una parte del predio, del que fueron desalojados el viernes de la semana pasada y donde 22 campesinos de Zacualpa resultaron aprehendidos.

No obstante, los pobladores retuvieron a una persona de la empresa como medida de presión para exigir a los gobiernos federal y estatal la liberación de sus compañeros presos, al parecer localizados en la cabecera municipal de Pichucalco.

Subrayó que desde hace varios años las comunidades se han organizado para defender la Madre Tierra y han fijado su postura en contra de los proyectos extractivos, pero el Estado mexicano no ha respetado los derechos humanos y comunitarios.

“Los poblados han reportado sobrevuelos de helicópteros de las fuerzas de seguridad, debido a la detención del individuo y el bloqueo de caminos que persisten en la zona, y ante ello, el párroco insiste en la urgencia del diálogo para construir acuerdos.

Este asunto ha generado una inconformidad generalizada, ante la negativa tomaron una parte del terreno, esa postura también la sostenemos como Iglesia, parroquia de Simojovel y Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, de defender la Madre Tierra a ejemplo del papa Francisco”, especificó.

Indicó que su participación con las comunidades es para hacer conciencia en la defensa de la Madre Tierra, sobre todo, contra la minería, por ello a principios de año se solicitó al secretario general de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos, una mesa de diálogo, a la cual delegó para ello a Fernando Pérez Robles.

Informó que Pérez Robles encabezó una reunión de trabajo con las localidades y se comprometió a darle seguimiento con la participación de otras instituciones federales y estatales, a efecto de construir acuerdos a favor de la paz, pero esto no se ha cumplido.

“Con mucha anticipación a la invasión, en una peregrinación del 25 de febrero de este año pedimos la cancelación del proyecto minero, lo que no ha ocurrido, las comunidades están en espera del seguimiento de la mesa de diálogo a nivel interinstitucional, para llegar a una solución de conflictos”, apuntó.