Magistrados defienden sueldazos

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación A.C, declararon que, con la imposición de nuevas reformas expuestas por el nuevo Gobierno Federal en las que determina la regularización de salarios, este poder podría perder su autonomía e independencia.

Durante la conmemoración de los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Jorge Mason, coordinador de jueces, reveló que tal autonomía con la que cuentan les ha servido para ejercer un compromiso con la ley, por lo que ellos se han amparado contra esos ejercicios modernizadores.

“Se han mantenido campañas de desprestigio en las redes sociales donde se dice que nosotros ganamos alrededor de 600 mil pesos, cuando en realidad no es así, percibimos un tercera o cuarta parte de eso”, abundó.

Afirmó que nadie gana más que el presidente, siendo esta modificación no reciente sino cuando asumió el poder Felipe Calderón en 2006: “El exmandatario mencionó que ganaría 150 mil pesos y sería el tope para todos los salarios de los funcionarios públicos del país”, acotó.

Dijo que en Chiapas como en los 32 circuitos que forman parte del Supremo Tribunal Judicial de la Federación, se pronuncian por el respeto de la autonomía de este poder.

“Se ha querido posicionar un falso discurso de que somos privilegiados y vivimos del abuso del erario público, señalan cantidades excesivas como que percibimos más de 600 mil pesos que no corresponden ni cercanamente a la realidad, para centralizar como foco de atención un mero asunto de salarios”, mencionó.

Asimismo, afirmó que con estas acciones se podría pensar en debilitar y vulnerar el Estado de derecho del Poder Judicial de la Federación, pretendiendo converger el poder en una sola persona.

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Indicó que la irreductibilidad salarial no es un privilegio, es solo una de las diversas garantías de independencia de la judicatura reconocida no solo en la propia Constitución, sino también por las Convenciones y Tratados Internacionales que el Estado Mexicano no solo ha firmado, sino ha ratificado y se ha comprometido a cumplirlos a cabalidad.

Con estas acciones se podría pensar en debilitar y vulnerar el Estado de derecho del Poder Judicial de la Federación