Araceli Molina Hernández, es el nombre de la maestra de Telebachillerato Comunitario (TBC) que, desde la tarde del lunes, se suturó los labios frente al Palacio de Gobierno, ante la falta de pago de salarios atrasados desde el 2017.
Es la segunda persona en efectuar esta actividad en dos días después del docente Jenry Ruíz Alegría; con el paso de las horas y en caso de no ser atendidos -advirtieron en conferencia de prensa- se sumarán otros manifestantes.
Entre otras demandas, solicitan el reconocimiento de su agrupación institucional de TBC y que, sean incluidos en las mesas de trabajo, el pago total de la deuda que mantiene la Secretaría de Educación del estado con los catedráticos, correspondientes al 2017 y 2018, con un monto superior a los 170 millones de pesos.
APROBAR DECRETO
Asimismo, solicitan la aprobación del decreto de creación que debe ser impulsado por el Congreso del estado, y aprobado por el Ejecutivo; de esta manera, se otorgue certeza laboral y seguridad de permanencia en el servicio educativo a los 690 profesores que conforman dicho programa.
Agregaron a sus demandas la asignación de recursos para el funcionamiento del Telebachillerato Comunitario en el año fiscal 2019 y el incremento a su sueldo basado en el aumento al salario mínimo.
Los inconformes reiteraron las querellas respecto a una serie de irregularidades que se han cometido dentro de este programa educativo desde su aplicación en Chiapas en 2013, como es el abuso de poder por parte del director de TBC en Chiapas, Alexis Hernández Aguilar, quien –de acuerdo con los huelguistas–, hace alarde de sus relaciones con funcionarios de primer nivel.
Otra de las denuncias tiene que ver con la presencia de la Asamblea Estatal Democrática de la sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, quienes han empoderado a otro grupo de pedagogos de Telebachillerato Comunitario hasta el punto de hostigar a quienes no luchen bajo sus ideales.
Ante este escenario, el grupo que está afuera del Palacio de Gobierno requiere la atención de las autoridades y un alto a la represión por parte de grupos contrarios, pues recordaron que las exigencias son para el beneficio de los 690 docentes.