/ viernes 12 de julio de 2019

Llaman a atender violencia política de género en Chiapas

En los municipios indígenas han sido totalmente aisladas

Tras las elecciones locales del 1 de julio del 2018 son visibles los casos de violencia política en razón de género; deben resolverse y garantizarse los derechos de las mujeres para desempeñar los cargos que el pueblo les confirió en las urnas, expuso Samuel Castellanos Hernández, representante del Partido de la Revolución Democrática ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC).

Exigió que las 628 féminas que ocupan cargos de elección popular deben contar con las garantías constitucionales para su desempeño, 33 son presidentas municipales, 89 síndicas, 243 regidoras de mayoría relativa y 263 regidoras de representación proporcional.

Durante la sesión de la Comisión Provisional de Género y no Discriminación del IEPC, presidida por la consejera electoral, Blanca Estela Parra Chávez, indicó que los sucesos más visibles son en Chalchihuitán, Jitotol, San Juan Cancuc, Mitontic, Ostuacán, Chanal y San Cristóbal de Las Casas; en total serán unos 20 casos.

Lamentó el representante que, en el caso de San Cristóbal de Las Casas, una diputada del Movimiento de Regeneración Nacional ha pedido, incluso, el desafuero de la alcalde municipal del mismo partido político, Jerónima Toledo Villalobos.

Añadió Castellanos Hernández, se necesita efectuar una intensa capacitación a los funcionarios municipales en los 124 ayuntamientos para avanzar en el cumplimiento a la ley, los derechos políticos electorales, la paridad de género y eliminar la violencia política de género.

Consideró necesario construir un convenio con los cabildos y con la Secretaría General de Gobierno, para hacer extensiva la capacitación a los servidores públicos municipales; resulta de mucha importancia el tema paritario y la atención a la violencia política en razón de género.

En las localidades nativas, las damas no tienen ninguna participación, son totalmente aisladas de las funciones de regidoras o síndicas, quienes fungen son los varones; lo que ha causado agravios, usurpación de cargos y violación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución local, apuntó.

Tras las elecciones locales del 1 de julio del 2018 son visibles los casos de violencia política en razón de género; deben resolverse y garantizarse los derechos de las mujeres para desempeñar los cargos que el pueblo les confirió en las urnas, expuso Samuel Castellanos Hernández, representante del Partido de la Revolución Democrática ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC).

Exigió que las 628 féminas que ocupan cargos de elección popular deben contar con las garantías constitucionales para su desempeño, 33 son presidentas municipales, 89 síndicas, 243 regidoras de mayoría relativa y 263 regidoras de representación proporcional.

Durante la sesión de la Comisión Provisional de Género y no Discriminación del IEPC, presidida por la consejera electoral, Blanca Estela Parra Chávez, indicó que los sucesos más visibles son en Chalchihuitán, Jitotol, San Juan Cancuc, Mitontic, Ostuacán, Chanal y San Cristóbal de Las Casas; en total serán unos 20 casos.

Lamentó el representante que, en el caso de San Cristóbal de Las Casas, una diputada del Movimiento de Regeneración Nacional ha pedido, incluso, el desafuero de la alcalde municipal del mismo partido político, Jerónima Toledo Villalobos.

Añadió Castellanos Hernández, se necesita efectuar una intensa capacitación a los funcionarios municipales en los 124 ayuntamientos para avanzar en el cumplimiento a la ley, los derechos políticos electorales, la paridad de género y eliminar la violencia política de género.

Consideró necesario construir un convenio con los cabildos y con la Secretaría General de Gobierno, para hacer extensiva la capacitación a los servidores públicos municipales; resulta de mucha importancia el tema paritario y la atención a la violencia política en razón de género.

En las localidades nativas, las damas no tienen ninguna participación, son totalmente aisladas de las funciones de regidoras o síndicas, quienes fungen son los varones; lo que ha causado agravios, usurpación de cargos y violación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución local, apuntó.

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