En Chiapas, la falta de legislación para sancionar a deudores alimentarios ha sido un problema importante, pero ahora hay una iniciativa en desarrollo que podría cambiar eso.

El presidente de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, ha anunciado que se está elaborando una propuesta de reforma al Código Penal y otras leyes para sancionar a los deudores alimentarios e inscribirlos en un Catálogo de Personas Deudoras Alimentarias.

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Esta propuesta surge a raíz de la aprobación de la Ley Sabina en la Ciudad de México, Michoacán, Baja California y Oaxaca, que promueve la creación de un registro nacional de deudores alimentarios para proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes. En el Senado de la República, la senadora Olga Sánchez Cordero propuso una iniciativa similar, que ha sido aprobada recientemente.

La propuesta en Chiapas implicaría que las personas deudoras alimentarias no podrán aspirar a ningún cargo de elección popular ni desempeñar cargos públicos. Además, se busca proteger a la niñez, garantizando su derecho a una alimentación adecuada, educación, casa, salud, entre otros.

La abogada Selene Domínguez ha señalado que, aunque aún no hay una iniciativa presentada en el Congreso del Estado, la Ley Sabina será el punto de partida para que los estados del país puedan crear su propia ley.

La diputada federal por Chiapas, Adriana Bustamante Grajales, ha enfatizado que es necesario que no haya deudores alimentarios ni servidores públicos en los tres niveles de gobierno que lo sean, y que tampoco puedan aspirar a cargos públicos.

La Ley Sabina, por su parte, establece un Registro Nacional de Deudores Alimentarios que será de consulta pública y permitirá concentrar la información de deudores y acreedores de obligaciones alimentarias para proteger los derechos de las y los menores de edad.

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