La diputada federal de Morena por Chiapas, Adriana Bustamante Grajales, propuso una reforma al artículo 325 del Código Penal Federal que contempla una pena de hasta 10 años de prisión para servidores públicos que obstruyan la justicia en casos de feminicidio. Además, después de cumplir su condena, serán inhabilitados para ocupar cargos públicos durante otros 10 años.
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La diputada aseguró que las madres de mujeres víctimas de feminicidio se encuentran en una situación de indefensión y que los servidores públicos que eviten la justicia deben responder por sus actos ante la ley. La propuesta de reforma se sustenta en la exigencia de justicia de todas las familias de las víctimas, y en particular, en el caso de Karla Yesenia “N”, víctima de feminicidio en julio de 2018.
Bustamante Grajales denunció que la carpeta de investigación fue mal integrada por el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado, y las pruebas fueron desestimadas. La diputada mencionó que hay más de 6 mil carpetas de investigación mal integradas en la Fiscalía General del Estado y que los servidores públicos que no hacen bien su trabajo no deben impartir justicia.
La propuesta de la diputada busca evitar la impunidad en los casos de feminicidio y garantizar que los servidores públicos cumplan con su deber de impartir justicia en estos casos. En Chiapas, del 2016 al 2022, se han reportado mil 302 muertes violentas de mujeres, y la violencia contra las mujeres sigue siendo una problemática grave en todo el estado.
