Las víctimas de feminicidio en Chiapas siguen sin encontrar justicia. La Comisión de Seguimiento para la Atención del Feminicidio del Congreso del Estado ha brindado escasa ayuda, y la Declaratoria de Alerta por Violencia de Género en Chiapas, emitida en 2016, no ha logrado frenar la violencia contra las mujeres, explica la abogada Blanca Nájera.
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La representante de la Fundación Karla Velasco insiste: "Necesitamos que haya resultados. Desde 2016 hasta la fecha, se han registrado aproximadamente 1,600 muertes violentas, y en lo que va del año, han ocurrido 23 feminicidios en Chiapas. La Fiscalía General del Estado no genera los resultados esperados en las investigaciones, lo que deja prevalecer la impunidad".
En una entrevista en el Congreso del Estado, Nájera afirmó que la exigencia es de justicia, justicia y más justicia, en lugar de impunidad. "Queremos justicia para nuestros familiares víctimas de feminicidio. El problema de fondo radica en cómo se integran las carpetas de investigación. El Poder Legislativo no exige a la Fiscalía General del Estado resultados que permitan hacer justicia".
"Hemos solicitado que se dé seguimiento a los expedientes, pero no ha sido posible. Han pasado tres legislaturas locales con Comisiones de Seguimiento a los Casos de Feminicidio, pero no han obtenido resultados. La pasada legislatura, la LXVIII, se limitó a aumentar la pena a 65 años de prisión por el delito de feminicidio, pero esto no se traduce en justicia; la impunidad sigue siendo la norma", reiteró.
Nájera destacó que muchos asesinatos de mujeres son reclasificados por la Fiscalía General del Estado como homicidio, suicidio o accidente de tránsito, y no como feminicidio. "Esto es lo que ocurrió con Karla Yesenia Gómez Velasco; la carpeta de investigación no se llevó a cabo como corresponde, y aún a más de seis años de su asesinato, no se ha hecho justicia", explicó.
"Todos los casos de asesinatos de mujeres deben clasificarse como feminicidio, ya que no se les está dando la atención que merecen. Exigimos justicia para todas. La falla radica en el sistema de procuración y administración de justicia. La Comisión de Seguimiento para la Atención de Feminicidios ha aportado poco o nada, y queremos que no haga caso omiso a nuestra situación. Siempre enfrentamos barreras, y pedimos que nos escuchen, nos atiendan y nos den seguimiento", subrayó.
Otro tema complejo es la desaparición de personas. Mientras las autoridades reportan alrededor de mil casos, las organizaciones de la sociedad civil documentan cerca de tres mil. "Lo que ocurre es una omisión gubernamental, y esto es muy doloroso para las familias. Las autoridades siempre protegen a los implicados. La Comisión de Atención y Seguimiento de Feminicidios debe garantizar que el Consejo Consultivo Ciudadano esté integrado por familiares de las víctimas", apuntó Nájera.
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