En Chiapas, el nuevo modelo de justicia laboral no ha resuelto el rezago de expedientes y miles de trabajadores siguen en espera de acceso a la justicia. En el año 2020 la Junta Local de Conciliación y Arbitraje tenía 17 mil 161 casos pendientes y al 30 de septiembre de 2024 tiene 15 mil por resolver, por lo que en cuatro años solo han dado solución a 2 mil 161 casos.
El presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, Carlos Enrique Martínez Vázquez explicó que con la creación de los nuevos tribunales laborales y el Centro de Conciliación Laboral no se ha resuelto el rezago de expedientes, aunado a que en este sexenio cerraron algunas Juntas de Conciliación y Arbitraje Especiales.
“En Chiapas se cerraron Juntas de Conciliación y Arbitraje Especiales en Tonalá, Comitán de Domínguez, Pichucalco y Palenque. Hay dos en Tuxtla Gutiérrez y una en Tapachula, aunque el rezago es anterior, por lo que todos los trabajadores con algún problema venían a la capital del estado, y en el 2015 se crearon cuatro juntas que luego cerraron”, explicó.
En 2017 se emitió una reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que ordenó el cierre de las juntas y la creación de los tribunales y el Centro de Conciliación Laboral, ante el rezago existente de expedientes, la invitación es a los patrones a buscar diálogos con la Junta de Conciliación y Arbitraje para que puedan concertar una conciliación y solucionar los conflictos laborales a fin de terminar asuntos que llevan muchos años.
“Existen asuntos desde 1998, otros del 2000, 2003, 2005 y otros años. Tenemos muchos asuntos de la iniciativa privada que se han quedado en el rezago. En 2003, año en que llegué a la Junta de Conciliación y Arbitraje ya habían más de 41 mil asuntos, ha disminuido el rezago pero sin alcanzar la solución total”, mencionó.
El funcionario indicó que el reto del gobierno de Chiapas es que ya no se esté pagando dobles tribunales, por un lado Junta de Conciliación y Arbitraje y por el otro los nuevos tribunales. “Se va a adelgazar más el gasto corriente para que se pueda promover a los nuevos tribunales estos asuntos, se tienen que dictar resoluciones en las etapas procesales, desahogar audiencias, desahogar pruebas, laudos y ejecutarlos”, añadió.
Dijo que en muchos casos cambian abogados de manera recurrente y que el tema del rezago se generó más fuerte antes del 2017, “el 24 de febrero de ese año se determinó que harían nuevos órganos de impartición de justicia, esto se cristalizó hasta 2019 con la reforma a la Ley Federal del Trabajo del primero de mayo, lamentablemente, muchos abogados no han activado los asuntos”.
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Señaló que a partir del 2012, con la reforma de Felipe Calderón Hinojosa, se dio un tope de salarios caídos que antes era diario hasta que se resolviera el asunto y a partir de ahí se dio un tope de 12 meses más un interés mensual posterior a esos 12 meses, por lo que a muchos abogados ya no les interesó y dejaron tirados muchos asuntos. El negocio de los litigantes era eso.
Problemas internos
“Para que pueda cerrarse la Junta de Conciliación y Arbitraje tiene que haber conciliación entre patrones y trabajadores, tienen que darse en el 2033 con una plantilla de 90 personas, estamos buscando llamarlos, notificarlos, pero escasean los recursos materiales y humanos, gastos para gasolina, vehículos, papelería, no se cuenta con inmueble propio y nos lo presta el Tribunal Superior de Justicia en Tuxtla Gutiérrez y en Tapachula el ayuntamiento. Es un tema histórico, los trabajadores no son bien pagados, un actuario gana 10 mil pesos, se han dado de baja 90 personas y vamos por más”, dijo.
Los expedientes que quedaron en Tonalá, Comitán de Domínguez, Pichucalco y Palenque se llevaron a Tuxtla Gutiérrez. Un gran porcentaje son de denuncia, despidos injustificados, declaraciones de beneficiarios en algunos casos.
La diputada Andrea Negrón Sánchez, presidenta de la Comisión del Trabajo y Previsión Social del Congreso del Estado, expuso que es urgente la solución del rezago de expedientes a partir de las conciliación de trabajadores y patrones.
La legisladora local por Movimiento Ciudadano, expuso en entrevista que la autoridad laboral de Chiapas debe generar las respuestas que están esperando las y los trabajadores que han presentado una demanda.
“Por parte del Congreso del Estado estamos dispuestos a sumar en lo que sea necesario para que se logre la justicia laboral, no debe haber pretextos, es un reto bastante grande, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje tiene que generar un gran diálogo para darles trámites a todos los expedientes, no debe haber rezagos, sino disponibilidad de trabajar”, insistió.
Negrón Sánchez considera que mientras haya un expediente sin solución no se puede cerrar la Junta de Conciliación y Arbitraje, “el llamado es a que se haga justicia, que se aplique la ley, las y los trabajadores tienen que ver sus derechos resueltos, hay que resolver todos los expedientes a partir de una ruta legal que garantice la paz y la seguridad laboral”, expresó.
Nadie vigila a la junta
El presidente de la Barra Chiapaneca de Abogados, Servando Cruz Solís dijo que el fracaso de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje es que no tiene nadie que lo vigile, depende de la Secretaría General de Gobierno, pero esta no se ocupa, ni se preocupa por hacer la fiscalización que requiere este tipo de asuntos, el único que lo puede hacer es la parte interesada, los abogados litigantes.
Dijo que “parte importante del rezago se propicia a partir de incentivos económicos que la parte patronal hace para que los asuntos no caminen. Van quedando en el rezago los expedientes, el trabajador se desespera y su abogado no promueve el asunto, le pagan para que no haga nada, así se van generando los rezagos. Entre los 15 mil expedientes hay casos de más de ocho años, ahora se están reviviendo muchos, algunos trabajadores ya fallecieron y nunca tuvieron acceso a la justicia”.
El abogado lamentó la corrupción que abona a la generación del rezago e indicó que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje es un centro de corrupción tremendo, a la vista del público y nadie dice algo. Hay empresarios y abogados que están sujetos a los negocios al margen de la ley que afecta al trabajador y no se genera la solución. Todos están sujetos al tráfico de dinero, influencias y de todos los males evitando así el acceso a la justicia y no hay donde quejarse, ni hay Juicios de Responsabilidad de Servidores Públicos”, indicó.
Dijo que ni un solo servidor público ha sido enjuiciado por no hacer su trabajo. La dependencia no hace su trabajo y los trabajadores y trabajadoras no han tenido acceso a la justicia laboral. “Estamos viviendo en un lugar donde no se cometen atropellos, cada vez son más los agravios y la gente se tiene que acostumbrar a ese tipo de situaciones, la corrupción en la Junta de Conciliación y Arbitraje se ha vuelto normal”.
"Hay quienes prefieren hacer un pago a un abogado que vendió el caso que sujetarse a la ley, los abogados lo hacen para obtener dinero. Muchos patrones prefieren pactar soluciones ilegales y abogados que se venden con una autoridad que no aplica la ley, que no hace valer el derecho, genera el rezago y la negación de la justicia", afirmó.
Analiza que la existencia de 15 mil expedientes es mucho en el rezago, eliminar las juntas de conciliación en Tonalá, Comitán, Pichucalco y Palenque trajo graves consecuencias en agravio del trabajador, lo que no se justifica porque no se obliga al patrón a que se sujete a la ley. Hay casos en los que se han ofrecido 10 mil pesos al trabajador, el argumento es que vale más un buen arreglo que un mal pleito.
La presidenta de la Primera Barra de Abogadas de Chiapas, Elean García, dijo que es una gran injusticia en contra de la clase trabajadora la que se comete en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, “las arbitrariedades están a la vista de todos, hay mucho que corregir para garantizar el Estado de Derecho”.
