IP, indiferente al anuncio de EZLN

Algunos programas federales no funcionan, opina el Consejo Coordinador Empresarial del estado

ERICK SUÁREZ

  · lunes 12 de agosto de 2019

El dirigente del CCE en Chiapas, Arturo Marí Domínguez/Archivo

Indiferencia y mesura generó en la iniciativa privada (IP) y en la sociedad civil el anuncio de la “reaparición de los pueblos zapatistas”, aunque algunos sectores aprovecharon las críticas a la operatividad del gobierno federal hechas por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) para solicitar cambios a las autoridades vigentes.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial del estado (CCE), Arturo Marí Domínguez, prefirió ser “cauteloso” ante las opiniones vertidas del EZLN, debido a que “hay varias aristas en el tema del apoyo a quienes menos tienen”. Sin embargo, para él es innegable que existen algunos nuevos programas sociales “que están teniendo algunos detalles”, mismos que deben tomarse en cuenta para enmendarlos en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2020.

Para la nueva administración es complicado poner las cosas en orden. A pesar de esa situación, ahora las autoridades sí efectúan licitaciones, regulan las notarías públicas, desalojan los predios invadidos, fortalecen al Registro Público de la Propiedad y el Comercio, así como dialogan y actúan en consecuencia, afirmó.

Refirió que Chiapas concluye una temporada vacacional de verano en la que de nueva cuenta ocurrieron bloqueos carreteros que –previó– tendrán un impacto no sólo de corto sino también de mediano y largo plazos.



“Quienes demandan servicios turísticos lo van a pensar dos veces. Ese no es el mensaje que debemos dar. El mensaje debe ser: ‘Vamos a trabajar unidos con este gobierno. Le estamos dando la oportunidad de trabajar’”, opinó.

Para el vocal de la asociación civil “Por Chiapas. Doctores en Administración Pública”, Óscar Isaac Barajas Velasco, es imposible no aludir al pasado cuando hay una aparición pública del EZLN.

Los acuerdos de San Andrés Larráinzar, el tratado que supuestamente solucionaría el conflicto con el EZLN, no fue firmado por las autoridades federales porque valoraron que aceptar a los pueblos indígenas como sujetos de reconocimiento legal vulneraba el principio constitucional de igualdad ante la ley, refirió.