La capital del estado de Chiapas donde se concentran los titulares de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial sigue siendo un tema de interés nacional en relación a los índices altos de percepción de inseguridad como del incremento real de la misma que afecta especialmente al sector económico preponderante de esta ciudad.
Para nadie es un secreto, que desde noviembre del 2020, cuando el Congreso de la Unión conformado en su mayoría por diputados del Movimiento de Regeneracion Nacional (Morena), desapareció el subsidio del Programa para Fortalecimiento de la Seguridad (FORTASEG), bajo el argumento de irregularidades en el ejercicio del gasto y falta de control de esos recursos, lo que varios municipios fronterizos de Chiapas así como la ciudad capital, han padecido severamente.
Recientemente, el cabildo tuxtleco aprobó los proyectos de Dignificación Policial y Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana asignados a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM) correspondientes al del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipa (FORTAMUN-Fondo IV,2023).
La regidora plurinominal Adriana Guillén, manifestó que aunque parece mucho autorizar 224 MDP a SSPyTM a travez FORTAMUN-Fondo IV, este recurso únicamente servirá para el pago de salarios y prestaciones a mil 201 policías y 430 elementos ciudadanos vigilantes.
En su cuenta de twitter exhibió el documento del punto 12 del orden del día y estableció que desde el 2020 cuando la cámara de San Lázaro eliminó el FORTASEG, los municipios entre ellos Tuxtla Gutiérrez dejaron de invertir en programas de prevención social de la violencia y la delincuencia.
“Tan solo en Tuxtla Gutiérrez se dejó de percibir un aproximado de 54 millones de pesos al año que antes se utilizaban para las pruebas de control, confianza, capacitación y prevención al delito que hoy no se tienen y esto lo recibían el 30 % de los municipios en el país que producían el 80 % de la incidencia delictiva, es decir, un procedimiento bien estudiado con reglas de operación bien claras”.
Afirmó que a la capital chiapaneca le hace falta mayor inversión de dinero en materia de seguridad, así también le falta mucha estrategias y sobre todo la capacidad para tomar el mando.
Estadística
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) de septiembre 2020 efectuada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 73.8 % de las personas mayores de 18 años que viven en Tuxtla Gutiérrez, declararon que se sentían inseguros al vivir en la ciudad.
Ahora bien, esa misma encuesta efectuada por el INEGI durante la primera quincena de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año, aplicado a 27 mil viviendas arrojó que la capital chiapaneca incrementó su percepción de Inseguridad.
Asimismo, datos de este trabajo revelaron que Tuxtla Gutiérrez pasó del 72.5 % en junio del 2021 al 84.2 en junio de 2022 en el tema de percepción social sobre seguridad pública en general.
En el tema de inseguridad en espacios físicos específicos, el estudio detalló que, en junio de 2022, 76.5 % de la población manifestó sentirse insegura en los cajeros automáticos localizados en la vía pública; 70.9 %, en el transporte público; 62.6 %, en el banco y 59.5 %, en las calles que habitualmente usa.
Por su parte el Observatorio Ciudadano Chiapas en su último estudio del primer semestre del 2021 expuso que la incidencia más alta que presenta la capital del estado es el robo a negocio con una tasa estatal de 2.27 CI por cada 100 mil habitantes; y los municipios con las tasas más elevadas fueron Tuxtla Gutiérrez (9.77 CI), Arriaga (9.11) e Ixtacomitán (8.66).
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