Cuidando en todo momento el Protocolo de Retorno a la Nueva Normalidad, en el que se privilegian las medidas sanitarias de prevención, se llevan a cabo las primeras audiencias iniciales en el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa ante la autoridad la Auditoría Superior del Estado, respecto a probables irregularidades detectadas por la Unidad Anticorrupción e Investigación del ente fiscalizador, en apego a lo que indica la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas.
El Auditor Superior del Estado, José Uriel Estrada Martínez, indicó que dichas irregularidades fueron detectadas en los procesos de la fiscalización superior a diversos ayuntamientos del estado, así como derivado de denuncias recibidas de parte de la ciudadanía.
“Por la naturaleza de estos procedimientos no podemos difundir datos sensibles, a fin de salvaguardar la presunción de inocencia a la que toda persona tiene derecho, así como para no entorpecer el procedimiento respectivo".Sin embargo, en la Auditoría Superior del Estado estamos actuando en total apego a los principios de legalidad, ética, integridad, veracidad e imparcialidad y así continuaremos porque nuestro objetivo es darle resultados a Chiapas y a su gente en materia de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, explicó.
En este mismo sentido, mencionó que a las y los servidores públicos, ex servidores y los particulares involucrados en dichos procedimientos, se le ha respetado en todo momento sus garantías y derechos consagrados en la constitución; una vez concluidas las audiencias en mención, la autoridad substanciadora deberá remitir los expedientes al Tribunal Administrativo del Poder Judicial del Estado. En Chiapas nadie puede estar por encima de la ley y quienes prestamos un servicio a la sociedad, somos responsables de entregar en todo momento cuentas claras, por lo que debemos hacer de la rendición de cuentas un modo de vida, especialmente si la sociedad nos ha brindado la confianza de servirle; no debemos perder de vista que las faltas administrativas graves tienen una vigencia de hasta siete años, advirtió.