Los pueblos y comunidades indígenas del municipio de Chalchihuitán, rechazan la determinación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al ordenar la reinstalación del ayuntamiento y dejar sin efecto el decreto del Congreso del Estado que disolvió el cabildo y nombró concejo municipal, así lo expuso la representante del grupo de mujeres indígenas, Susana Pérez Pérez.
En entrevista en la entrada principal del Congreso del Estado, dijo que la presidenta de ese poder legislativo, Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo, debe considerar los derechos de los pueblos indígenas, los usos y costumbres y no ejecutar una sentencia que puede generar conflicto de lamentables consecuencias.
Dijo ante los medios de comunicación que, a finales de febrero pasado, el TEPJF dejó sin efectos el decreto 257 de la LXVII Legislatura que desapareció el ayuntamiento municipal de Chalchihuitán electo el 1 de julio del 2018 y nombró concejo municipal, ahora las comunidades defienden sus autoridades y las respaldarán hasta sus últimas consecuencias.
Pérez Pérez advierte que las comunidades no están de acuerdo en la reinstalación del cabildo como lo ordena el TEPJF; respaldamos -dijo- a las y los integrantes del Concejo Municipal: Sara Núñez Sánchez; concejal síndico, Lucio Gómez Sánchez; concejal regidora, Irma Díaz Hernández; concejal regidor, Rogelio Pérez Núñez, y concejal regidora, Patricia Pérez Pérez; que deben concluir funciones el 30 de septiembre de 2021.
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Dejó claro a los 40 diputados locales que no están de acuerdo con el eventual regreso de las regidoras y regidores: Agustina Díaz Núñez, Javier Núñez Pérez, Elena Cruz Cruz, Mateo Pérez García, Marcela Pérez Núñez, Manuel Pérez Luna, Gloria Díaz Gómez y Norma Díaz Gómez, quienes presentaron renuncias el 18 de julio del año pasado.
Dijo desconocer con la situación y el futuro de la ex presidenta municipal de Chalchihuitán, Margarita Díaz García y el ex síndico Hermelindo García Núñez, quienes fueron acusados de varios delitos encontrados por la Auditoría Superior del Estado y ratificados ante la Fiscalía General de Justicia.
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