/ jueves 30 de mayo de 2019

Indígenas demandan justicia y castigo a militares

Se manifestarán el 4 de junio en San Cristóbal de Las Casas

Indígenas, familiares, católicos y defensores de derechos humanos, harán una manifestación el 4 de junio frente a las instalaciones militares en San Cristóbal de Las Casas, en exigencia de justicia, tras 25 años de impunidad, dio a conocer el Comité Hermanas González.

Precisa que habrá una toma simbólica y clausura de la guarnición militar ubicada en la Prolongación Insurgentes, a un costado del Palacio de Justicia, para hacer pública la demanda, para que el gobierno de la República atienda con prontitud el caso, y sea el comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas quien haga el reconocimiento público de responsabilidad.

Refiere en un escrito enviado a los medios de comunicación, que el 4 de junio de 1994 en territorio zapatista del municipio de Altamirano, elementos del Ejército Mexicano detuvieron arbitrariamente a las hermanas Ana, Beatriz y Celia González Pérez, así como a su madre Delia Pérez de González, nativas tseltales.

Argumenta en el texto que las tres hermanas fueron golpeadas, violadas y torturadas por los agentes militares, los cuales obligaron a la madre a presenciar las agresiones.

Revelan que en la lucha por la justicia, el 4 de abril de 2001, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el informe de fondo número 53/01, concluyó que el Estado mexicano era responsable de graves violaciones a los derechos de las hermanas González Pérez y su progenitora.



Por lo que le recomendó al gobierno de México investigar hasta las últimas consecuencias los ataques y sancionar a los responsables; a la vez, ejecutar un reconocimiento público de responsabilidad y reparar adecuadamente el daño causado a las féminas aborígenes.

Puntualiza el documento que el próximo 4 de junio se cumplirán 25 años de dichos delitos contra las cuatro mujeres que aún luchan por justicia y verdad en razón de que México no ha cumplido con la recomendación de la CIDH.

Revelan que el gobierno de la “Cuarta Transformación” debe atender con la mayor prontitud el tema, y de acuerdo con la recomendación del organismo internacional, tiene que efectuarse el reconocimiento público del agravio, pedir perdón y reparar el daño.

Indígenas, familiares, católicos y defensores de derechos humanos, harán una manifestación el 4 de junio frente a las instalaciones militares en San Cristóbal de Las Casas, en exigencia de justicia, tras 25 años de impunidad, dio a conocer el Comité Hermanas González.

Precisa que habrá una toma simbólica y clausura de la guarnición militar ubicada en la Prolongación Insurgentes, a un costado del Palacio de Justicia, para hacer pública la demanda, para que el gobierno de la República atienda con prontitud el caso, y sea el comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas quien haga el reconocimiento público de responsabilidad.

Refiere en un escrito enviado a los medios de comunicación, que el 4 de junio de 1994 en territorio zapatista del municipio de Altamirano, elementos del Ejército Mexicano detuvieron arbitrariamente a las hermanas Ana, Beatriz y Celia González Pérez, así como a su madre Delia Pérez de González, nativas tseltales.

Argumenta en el texto que las tres hermanas fueron golpeadas, violadas y torturadas por los agentes militares, los cuales obligaron a la madre a presenciar las agresiones.

Revelan que en la lucha por la justicia, el 4 de abril de 2001, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el informe de fondo número 53/01, concluyó que el Estado mexicano era responsable de graves violaciones a los derechos de las hermanas González Pérez y su progenitora.



Por lo que le recomendó al gobierno de México investigar hasta las últimas consecuencias los ataques y sancionar a los responsables; a la vez, ejecutar un reconocimiento público de responsabilidad y reparar adecuadamente el daño causado a las féminas aborígenes.

Puntualiza el documento que el próximo 4 de junio se cumplirán 25 años de dichos delitos contra las cuatro mujeres que aún luchan por justicia y verdad en razón de que México no ha cumplido con la recomendación de la CIDH.

Revelan que el gobierno de la “Cuarta Transformación” debe atender con la mayor prontitud el tema, y de acuerdo con la recomendación del organismo internacional, tiene que efectuarse el reconocimiento público del agravio, pedir perdón y reparar el daño.

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