Durante el año pasado, en el estado fueron efectuadas 287 mil 382 operaciones financieras sospechosas en las que participaron en conjunto 44 mil 379 personas. Representó un alza de 53 y 29 por ciento, respectivamente, en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior. Fueron los números más altos de Chiapas en ambos casos de los últimos 13 años, según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Federal (SHCP).

Por medio de un reporte, dijo que 149 mil 40 transacciones fueron llevadas a cabo durante el primer semestre de 2018, es decir, 51 por ciento sucedieron en el lapso en el que ocurrieron las últimas elecciones. Las 138 mil 342 restantes fueron efectuadas entre julio y diciembre pasados.

De ese universo de movimientos, 280 mil 413 fueron “relevantes”, 6 mil 927 “inusuales” y 42 “preocupantes”, igual a 97, 2.4 y 0.6 por ciento el total, en ese orden. Todas son cifras sin precedentes para la entidad de 2005 a la fecha, detalló.

Los primeros son desplazamientos de fondos que no concuerdan con el historial del cliente y/o el receptor desconfía del destino final de los recursos. Los segundos implican un monto igual o mayor al equivalente a 10 mil dólares en moneda nacional. Los terceros tienen como protagonistas a directivos, funcionarios, trabajadores y/o apoderados de los emisores, quienes con su conducta presuntamente violaron la ley contra el blanqueo de capitales.

Para el investigador del Instituto Mexicano de Contadores Públicos de la Ciudad de México, Álvaro Ruiz, hay que reforzar las acciones preventivas en las áreas más vulnerables al “lavado”, como el sector financiero.

Si desde el extranjero la gente percibe al país como susceptible dicho delito, será complicado atraer inversión privada. Por el contrario, si México es percibido como un país con una regulación robusta en la materia las oportunidades para gestionar inversión de la iniciativa privada serán más y mejores, afirmó.

En el país la lucha contra esa práctica es regida desde 2013 por la Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. La normatividad observa entre 320 mil y 340 mil actividades de 15 sectores vulnerables a esa práctica. Quien contravenga el ordenamiento será condenado a al menos cinco años de prisión. Asimismo, los intermediarios que omitan notificar las transacciones de sus clientes bajo ciertas circunstancias serán acreedores a una multa de hasta 750 mil pesos.

De 2005 a 2018 en la entidad fueron descubiertas 722 mil 266 transacciones con presunto dinero mal habido en las que intervinieron en conjunto 412 mil 782 sujetos, detalló la SHCP.