Aunque hay avances en materia de asociación y negociación colectiva, la Reforma Laboral aprobada hace unos días por la Cámara de Diputados contiene cambios que atentan contra la competitividad y estabilidad de las empresas, y por ende eventualmente impactarán de manera negativa en la generación de fuentes de empleo formales de calidad, según la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

El presidente de la representación del organismo en la Ciudad de México, Jesús Padilla Zenteno, dijo que la iniciativa respaldada por los legisladores federales otorga a la autoridad hasta 60 días para determinar a quién puede imputarse una huelga, uno de los hechos que de por sí más daños causa tanto al empresariado y trabajadores. Asimismo, no hay garantía plena de que la democracia sindical imperará en los emplazamientos a huelga.

La aprobación de la Reforma Laboral es un requisito para que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) –el sustituto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)- sea ratificado. No obstante, esa situación no justifica la incorporación en la Ley Federal del Trabajo (LFT) de propuestas que juegan en contra de la productividad de los negocios, afirmó.

Por medio de una misiva a los legisladores que representan a Chiapas en el Senado, el presidente de la Coparmex en el estado, Mario Pardo Pastrana, planteó a los legisladores modificar el proyecto por el que los diputados votaron a favor y revertir la carga probatoria del despido mediante el ofrecimiento de empleo; reducir a 15 días el tiempo en el que la autoridad establece a quién puede atribuirse una huelga; y respetar el derecho de los obreros a no pertenecer a ningún sindicato.

Por su parte, Padillo Zenteno propuso garantizar que un gremio puede negociar con el patrón de forma colectiva y en total libertad, de acuerdo con los estatutos del sindicato; que una organización de trabajadores no pueda presentar un emplazamiento a huelga sin antes tener el respaldo de la mayoría de sus miembros por medio del voto; e integrar de manera tripartita los nuevos centros federales de conciliación y registro laboral.

“De no atenderse estos asuntos, bien podrían poner en riesgo la estabilidad de las compañías, el logro de mayores niveles de productividad y, por sobre todo, la generación de empleos formales de calidad, los cuales, de acuerdo con las últimas estimaciones, crecen a un menor ritmo respecto de otros años y considerando que nueve de cada 10 puestos de trabajo son generados por las micro, pequeñas y medianas empresas”, puntualizó.