Tuxtla Gutiérrez.- Asuntos limítrofes, restricciones legales, desinterés de la gente afectada y hasta los organismos defensores de derechos humanos impiden actuar contra las personas que toman casetas para cobrar derechos de paso, según el coordinador de la Mesa de Seguridad Turística del estado, Sismondi Esparza Flores.

Dijo que con el nuevo sistema de justicia penal, la coacción no es suficiente para que el pago de una cuota configure un asalto. Asimismo, dicha acción dejó de ser un delito grave. Por tanto, el autor está exento de cárcel preventiva.

“También no hay denuncias. La gente paga con el dinero que de mala manera le quitan y se sigue. No hay denuncias. El problema que cuando se llevan al juez de control no hay una persona que los acuse como tal de robo o asalto”, afirmó.

El exdirector general de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Chiapas (OCV) informó que incluso en algunas ocasiones los elementos de las fuerzas de seguridad son acusados de abuso cuando aprehenden a quienes botean. Gracias a esa acción, lamentó, algunos de los sujetos que integran esos grupos consiguen su libertad.

En algunos casos hasta la geografía está a favor de la gente que comete ese ilícito. En ese supuesto está la caseta de Malpasito, que está en territorio de Tabasco y de la que personas habitantes de comunidades pertenecientes a Chiapas con frecuencia toman posesión. “Jurisdiccionalmente la policía de Chiapas no puede entrar a Tabasco”, aclaró.

Para atender el problema de la toma de plazas de cobro, planteó hacer alianzas con las autoridades de entidades vecinas y buscas con funcionarios del Poder Judicial estrategias para que los asuntos procedan.

“En ocasiones los organismos de defensa de derechos humanos pues juegan un poco un papel contradictorio”, criticó.