Como respuesta a las malas prácticas que ocurrieron en materia de bienes raíces en Chiapas en meses recientes, por segunda ocasión la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) promoverá ante el Congreso del estado la aprobación de una ley de operaciones inmobiliarias para la entidad.
La presidenta de la Sección Tuxtla Gutiérrez de esa organización, Marisol Ceballos Labastida, dijo ayer que el propósito de la legislación es establecer derechos y obligaciones en la actividad inmobiliaria para brindar certeza a quienes ante la ausencia de un marco jurídico, asumen riesgos que en ocasiones afectan su patrimonio.
Esa certidumbre, abundó, estará otorgándose al crearse procedimientos administrativos de sanción para quienes violen los principios éticos y legales del corredor de bienes raíces; así como por medio de una serie de requisitos que tendrá que cumplir toda persona interesada en tener esa función, como su inscripción en un padrón, para lo cual tendrá que solicitar una licencia laboral, misma que tendrá que refrendar cada cierto tiempo, para lo cual deberá capacitarse.
En Chiapas cerca el 60 por ciento de los agentes presta servicio de manera informal. Dicho fenómeno junto con el de los fraudes son algunas de las consecuencias por carecer de normatividad al respecto. Con su propuesta, AMPI no sólo quiere regular ese trabajo, sino también profesionalizarlo, afirmó.
Para Ceballos Labastida, ahora más que nunca hay que generar confianza a quienes estén involucrados en operaciones como compraventa o arrendamiento de propiedades, pues a los problemas frecuentes de sector ahora hay que sumar las estafas en las que “han utilizado o corrompido a ciertas autoridades también para cometer esos ilícitos”.
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“Cada vez que tratamos con un comprador, un vendedor o un inquilino nos enfrentamos a una desconfianza terrible por el exceso de malas prácticas y falta de regulación”, admitió.
La iniciativa de ley fue entregada el 18 de junio pasado a la presidenta del Congreso local, Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo, así como a la titular de la Comisión de Vivienda. Los miembros de la AMPI en el estado admitieron que el ordenamiento producirá resultados a largo plazo y no aumentará los movimientos inmobiliarios al menos a corto plazo; sin embargo, sí será un primer paso para dar certeza a los usuarios.
La legislación fue desde 2014. Pasó todos los filtros, excepto el de la Secretaría de Economía de la entidad donde fue congelada. Hay confianza en que las autoridades otra vez no le den “la vuelta al tema”. La intención de la dirigencia nacional de AMPI es que ese marco jurídico esté al menos aprobado para diciembre próximo porque “Chiapas es el único estado del Sureste que no cuenta con su ley inmobiliaria”, puntualizó.
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