¡Mega fraude! Así el modus operandi de la red empresas estafadoras

Los empresarios Erick Romero Peimberth y Viviana Leticia Zuarth Flores han generado nombres diversos para evadir la responsabilidad

Isaí López | El Heraldo de Chiapas

  · miércoles 25 de enero de 2023

María del Rosario Gómez Flores, fue una de las víctimas del mega fraude / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

María del Rosario Gómez Flores junto a su familia fueron víctimas de un fraude luego de que en el año 2008 fue convencida para que vendiera un terreno de 3.6 hectáreas de tierras a la empresa denominada inmobiliaria Líneas del Sur, a nombre de Erick Romero Peimberth y Viviana Leticia Zuarth Flores, dicho acto se concreta hasta el 2011, en este año se firma un contrato de compra – venta.

En enero del 2012 al pagar el impuesto predial en la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez, se dan cuenta que el predio que se adjudicaron no era de 3.6 hectáreas, sino de 8 hectáreas, luego de realizar trámites en el ayuntamiento se corrigió la cifra para dejarlo en 3.6 hectáreas, sin embargo, en el 2015 inició juicio mercantil para cobrarles el precio pactado, solamente dieron un adelanto de 2.5 millones de pesos, menos del 1 por ciento del valor pactado de 28 millones de pesos.

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En esas tierras construyeron el fraccionamiento Residencial Ámbar, un complejo de casas que oscilan en los 3.5 millones de pesos a los 5 millones de pesos, aunque ahora ofertan viviendas a 7.5 millones de pesos, edificadas en tierras que fueron despojadas a la familia, ahora viven alrededor de 60 familias en el lugar.



Las familias que viven en dicho fraccionamiento, compraron las casas con la empresa Líneas del Sur, la cual ya no existe como tal. Erick Romero Peimberth y Viviana Leticia Zuarth Flores (dueños de Líneas del sur) crearon una nueva empresa la cual se llama Inmobiliaria Chiapaneca Ámbar SA de CV, además de la Desarrolladora de Conjuntos Residenciales del Centro de Chiapas; con esta última hacen la venta de las casas a quienes ocupan ahora el espacio en el fraccionamiento Residencial Ámbar, con estos cambios de empresas han ido borrando la deuda que se contrajo con el primer nombre.

Con el traspaso de nombre de las empresas han evadido la responsabilidad del pago de las tierras que se adjudicaron para la construcción del fraccionamiento, deuda que va a más de 25 millones de pesos, sin contar los más de 5 millones de pesos que han gastado a lo largo de estos ocho años en abogados con un desgaste físico, emocional y económico, erogando en defensa jurídica, traslados y copias.


El Fraccionamiento Residencial Ámbar fue construido en las tierras de María del Rosario / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas


El caso se encuentra en los Juzgados de Control del Poder Judicial del Estado la Penitenciaría El Canelo, en el municipio de Chiapa de Corzo, donde no se ha realizado audiencia a pesar de haberla solicitado desde septiembre del 2022, luego de la demanda presentada inicialmente en la Fiscalía General del Estado, con la carpeta de investigación C.I.1250-101-0101-2017, radicada en el 2017, en demanda de acceso a la justicia.

La propietaria del total de las tierras era la señora Guillermina Flores López, que ahora tiene cinco años de fallecida, sin haber tenido acceso a la justicia, sus hijos e hijas esperan que las determinaciones de las instituciones de procuración y administración de justicia hagan valer el Estado de Derecho, para obligar a Erick Romero Peimberth y Viviana Leticia Zuarth Flores, el pago de la deuda contraída por las tierras. Cuenta que en el proceso de búsqueda de justicia “han querido darle carpetazo” a su denuncia en tres ocasiones desde la Fiscalía General del Estado.

La familia afectada no ve a los señores Erick Romero Peimberth y Viviana Leticia Zuarth Flores, desde el 2019, pese al despojo, fraude, entre otros delitos, construyeron las casas, donde han realizado una cadena de más fraudes en ese fraccionamiento Residencial Ámbar, contra quienes debe caer todo el peso de la ley para que paguen lo que deben, esta empresa Líneas del Sur, presenta domicilio fiscal de Monterrey, Nuevo León.

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