Transcurría el mes de mayo del 2016, al mismo tiempo, la administración municipal de Rosa Pérez Pérez, militante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), cuando el día 26 un total de 44 familias indígenas que no votaron por esta fuerza política en los comicios del 19 de julio 2015, eran obligadas a salir de sus viviendas, un total de 246 personas, a más de 4 años y medio, empiezan a ver posibles caminos de justicia.
El abogado defensor, Diego Cadenas Gordillo, director del Centro de Derechos Humanos Ku'untik, con sede en San Cristóbal de Las Casas, confirmó que elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) ingresaron al Ejido Puebla Municipio de Chenalhó en la región Altos de Chiapas, con la intención de evaluar los daños en el patrimonio de las familias víctimas de desplazamiento interno forzado.
El agravio se cometió en el transcurso del cuarto año del gobierno de Manuel Velasco Coello, ahora senador plurinominal por el Partido Verde Ecologista de México, tras una lucha que los llevó hasta la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), por fin se evalúan los daños a sus viviendas, parcelas, bienes muebles, animales y demás bienes, con la finalidad de garantizar la reparación del agravio por parte del gobierno del estado.
Cadenas Gordillo afirmó que una comisión de desplazados está presente en la localidad, "me preocupa su seguridad", esperamos que el trabajo sea el punto de partida para la atención integral del desplazamiento forzado interno que contemple el retorno en condiciones dignas, seguridad y protección, atención alimentaria, garantías para su bienestar y no repetición.
Sostiene que la labor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está siendo relevante dados los constantes incumplimientos del Estado Mexicano a la Medida Cautelar, este organismo internacional concedió a los indígenas desplazados una reunión de trabajo para el próximo 1 de diciembre, fecha en que el gobierno federal querrá tener el mejor reporte posible de la situación y de los pasos para su atención integral.
Varias personas han perdido la vida, un adulto al momento de consumar la agresión en su contra y la expulsión, posteriormente una bebé de tres meses, una niña de 11 años y una mujer adulta, el desplazamiento preocupa tanto que ha habido la solidaridad de organismos nacionales e internacionales de la sociedad civil y en Chiapas los más solidarios han sido los estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumaczá de Tuxtla Gutiérrez y de la Escuela Normal Indígena Intercultural Bilingüe Jacinto Canek, de Zinacantán, que han proveído de alimentos.
Puntualizó que lo pendiente será el desarme de los grupos agresores para garantizar la seguridad y la paz en la región, no solo la presencia de las fuerzas federales y estatales de seguridad, obligación que se ha delimitado con precisión en la queja presentada en contra del Estado Mexicano, para que se haga justicia en este caso.
