Las causas por las que aumentan los feminicidios en Chiapas es que no se atienden; las fallas están en todas las instituciones públicas de los tres niveles de gobierno que deben atenderlo, dijo la abogada Alma Rosa Cariño Pozo, representante de la Colectiva 50 +1 en Chiapas.

En noviembre de 2016, la Secretaría de Gobernación emitió la Declaratoria de Alerta por Violencia de Género para los municipios de Chiapa de Corzo, Comitán de Domínguez, San Cristóbal de las Casas, Tapachula, Tonalá, Tuxtla Gutiérrez y Villaflores, y luego se amplió para Aldama, Amatenango del Valle, Chalchihuitán, Chamula, Chanal, Huixtán, Larráinzar, Mitontic, Oxchuc, Pantelhó, San Juan Cancuc, Tenejapa, Teopisca, Zinacantán y Santiago el Pinar.

El objetivo de la Alerta es garantizar la seguridad de las mujeres y niñas, a partir del cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación o política pública que vulnera sus derechos humanos, a través de la determinación de un conjunto de medidas que permitan a las autoridades públicas federales, en coordinación con las entidades federativas, enfrentar y erradicar la violencia feminicida.

El programa de trabajo para dar cumplimiento a la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las mujeres contempla medidas de seguridad, prevención, justicia y reparación de daños, visibilizar la violencia de género y mensajes de cero tolerancia. Sin embargo, la abogada Cariño Pozo señala que no hay cifras de agresiones y feminicidios que coincidan entre las instituciones públicas y las colectivas. En Chiapas, las cifras deben ser publicadas por la Secretaría General de Gobierno, a través de la Oficina de Enlace que coordina Candelaria Rodríguez Sosa, pero lo que falta es la atención por parte de las instituciones públicas.

“Veo muchos programas que todos hacemos, pero la atención no se está generando como se debe desde todas las oficinas gubernamentales. Muchas omisiones comienzan en la falta de denuncia. Ya le hemos pedido a la nueva administración estatal que tomará posesión el 8 de diciembre, encabezada por Eduardo Ramírez Aguilar, que ponga atención a este problema, porque las mujeres queremos una vida libre de violencia. El mandato de la ley nacional y estatal es cero violencia. Las cifras que documentan algunas colectivas, de 1,500 muertes violentas desde 2016 hasta la fecha, es muy elevada. Y para su atención, no es la cantidad, con un caso que haya, tiene que aplicarse la ley. Nos manifestamos, nos pronunciamos, seguimos exigiendo justicia por todas y para todas, pero la falta de atención ha hecho que se visibilice más, que los delitos aumenten. No esperamos una sentencia, esperamos muchas sentencias”, abundó Alma Rosa Cariño.

Refirió que no son compatibles las cifras porque las colectivas siempre van a tener cifras diferentes. Una mujer que tuvo una muerte violenta debe investigarse como feminicidio. La Fiscalía General del Estado tiene un dato, pero si dentro de su investigación determina que no es feminicidio, es donde varían las cifras. Aunque todas las muertes de mujeres deben investigarse como feminicidio, aunque en el transcurso pueda cambiar. La cifra es muy alta, aunque el clamor de hombres y mujeres es que queremos vivir en paz.

“La violencia de género es grave, delicada, es triste, es angustiante, impotencia, y el feminicidio no se puede perdonar. El mecanismo de protección del 2016, la Declaratoria de Alerta por Violencia de Género hacia las Mujeres, no ha avanzado en la atención, sigue creciendo, la medición de la violencia no la conocemos, y exigimos que la Fiscalía General del Estado haga su trabajo. Exigimos sentencias ejemplares. No nos vamos a cansar de exigir justicia para todas las mujeres. Lamentablemente, las cifras crecen y los programas son insuficientes”, concluyó.

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