San Cristóbal de Las Casas.- El Centro de Derecho Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) consideró que la Fiscalía General del Estado “está perpetrando graves violaciones a los derechos humanos, como es la criminalización, Privación Arbitraria de la Libertad, colocando a Cristóbal (Sántiz Jiménez) en un alto riesgo a su integridad y seguridad personal”.
En un comunicado de prensa solicitó la inmediata intervención del gobierno federal y estatal para implementar acciones pertinentes para la pronta libertad del defensor comunitario Cristóbal Sántiz, quien el pasado 19 de marzo, alrededor de las 14:00 horas se llevó a cabo la audiencia de vinculación a proceso por el delito de homicidio calificado.
Explican que en dicha audiencia el juez presente decidió vincular a proceso a Cristóbal, “con pruebas deficientes y desvinculadas hacia su probable participación en el delito. Además el 20 de marzo, nuevamente se ejecutó otra orden de aprehensión, solicitada por la Fiscalía de Justicia Indígena en contra de Cristóbal por el delito de tentativa de homicidio, esperando una nueva audiencia de vinculación a proceso”.
Las pruebas aportadas por la defensa el día 19 de marzo, consistieron en probar la total inocencia de Cristóbal quien en todo momento de los hechos que se le acusa se encontraba trabajando en el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI No.133) la cual se sostiene con el reporte de asistencia del reloj checador digital de personal y una bitácora de registro de veladores, además de las dos testimoniales.
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“Es importante dar a conocer que los días 17, 18 y 19 de marzo, Cristóbal y su familia han sido víctima de hostigamiento y extorsión, perpetrado presuntamente por un interno que lo ubican como "El Chino", quien actúa bajo la tolerancia de las autoridades penitenciarias del Centro de Reinserción Social para Sentenciados El Amate No.14; por lo que el 19 de marzo, familiares de Cristóbal presentaron denuncia penal por extorsión, además la Comisión Estatal de Derechos Humanos y Secretaria de Seguridad Pública del estado de Chiapas han emitido recomendación y medidas cautelares, mientras que el hostigamiento y la extorsión continúan”, suscriben finalmente.
